La precampaña autonómica en Castilla y León suma un nuevo foco de tensión. La Junta Electoral autonómica ha excluido a UPL y a Soria ¡Ya! de los debates electorales obligatorios, por lo que, en principio, solo estarán presentes PP, PSOE y Vox. Además, el calendario previsto sitúa los debates en torno al 5 y 10 de marzo, en plena recta final hacia las elecciones del 15 de marzo de 2026.
La respuesta de Unión del Pueblo Leonés no se ha hecho esperar. Su candidata y secretaria general, Alicia Gallego, ha denunciado un “pucherazo” y una “falta de democracia”, al entender que la decisión busca “ocultar y acallar” el discurso leonesista en un momento decisivo. La formación sostiene que la exclusión no es un mero trámite técnico, sino una decisión con impacto político directo sobre la pluralidad del debate público.
En el centro de la controversia está el encaje legal. El artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece que deben debatir los candidatos de formaciones con grupo parlamentario propio en las Cortes. UPL insiste en que su grupo parlamentario, compartido con Soria ¡Ya! durante la legislatura, debería habilitar su presencia en los debates televisados.
Sin embargo, la interpretación aplicada por la Junta Electoral considera que, por separado, estas formaciones no cumplirían los requisitos exigidos para ese reconocimiento, un criterio que ha generado rechazo entre los partidos regionalistas. En paralelo, también se ha abierto el debate sobre la representatividad territorial y sobre si los formatos electorales actuales reflejan de forma suficiente la diversidad política de la Comunidad.
UPL ha confirmado que recurrirá la resolución. La formación defiende que la medida vulnera el espíritu de igualdad y pluralismo que debe regir los debates públicos y advierte de que la decisión prioriza a los grandes partidos nacionales frente a las demandas locales de provincias como León, Zamora y Salamanca. En la misma línea, Soria ¡Ya! también ha anunciado acciones para impugnar su exclusión.
La frase clave que marca esta crisis política —UPL denuncia pucherazo por su exclusión de los debates electorales en Castilla y León— resume una batalla que va más allá de la televisión: afecta a la visibilidad de proyectos territoriales en una campaña donde cada minuto de exposición puede condicionar el voto. Con el recurso en marcha, el conflicto pasa ahora del terreno político al jurídico, en un contexto de máxima polarización preelectoral.
