La UPL de San Andrés del Rabanedo desoye las advertencias y recomendaciones que va planteando el Grupo Municipal Socialista que, lejos de bloquear por bloquear -que es uno de los mantras del equipo de Gobierno-, trata de contribuir a un mejor funcionamiento de la administración pública sin descuidar su principal misión, que es la fiscalización del equipo de Gobierno. Así lo hizo este grupo con el Plan Antifraude, que se aprobó el pasado mes de diciembre por unanimidad y del que este grupo presentó aportaciones para mejorar el documento, y así se ha tratado de hacer en otras ocasiones, aunque la UPL acostumbre a pasar por alto o incluso a hacer lo contrario de lo que se le plantea. El caso más reciente hasta el momento tiene que ver con el expediente para la cobertura interina del puesto de interventor, cuyas bases se publicaron en el BOP el 30 de enero de 2025, finalizando el plazo para presentar solicitudes el 7 de febrero de este mismo año. Este expediente se vuelve más relevante cuando el pasado 6 de marzo la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, comunica a los portavoces de la oposición que el interventor accidental ha cesado y que están pendientes del proceso de interinidad para cubrir la plaza. Al día siguiente se publica una rectificación de errores de las bases sin que se abra un nuevo periodo de presentación de solicitudes, pese a que este grupo había advertido sobre esa necesidad. Sin embargo, este aviso no se tuvo en cuenta por parte del equipo de Gobierno hasta que aparece publicado, en el boletín de la provincia del 31 de marzo, la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias al proceso selectivo de interventor interino. Es decir, 25 días después.
Este grupo municipal continuará haciendo recomendaciones o aportaciones, pese a que, como es habitual, caigan en saco roto. Es, sin embargo, responsabilidad y labor de UPL, como Equipo de Gobierno Municipal, tomar las decisiones. Lo que sí seguirá este partido es firme con su obligación de fiscalizar las actuaciones que se lleven a cabo, con el fin de que asuntos tan relevantes como éste se traten con la importancia que merecen y conforme a la legalidad.
