Unión del Pueblo Leonés (UPL) registró una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León en las que cuestiona a la Junta de Castilla y León el motivo por el cual no ha contratado a todos los Vigilantes de Incendios Forestales durante los 12 meses del año, siendo dicha extensión de contrato para los Vigilantes de Incendios Forestales. Todo ello, pese a ser uno de los compromisos que adquirió el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 27 de septiembre de 2022 en el ‘Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025’.
Desde la formación leonesista detallan que los devastadores incendios del verano de 2022, especialmente los vividos en la Sierra de la Culebra demostraron “los insuficientes” operativos antiincendios. Situación que así entendieron desde la Junta que se comprometían a variar el operativo y consignando medidas como la de contratar los 12 meses del año para el 2025 a los vigilantes de incendios forestales, aunque la propia institución autonómica ya ha informado a algunos de ellos que finalmente no se hará llamamiento de todos.
Para justificar el incumplimiento del acuerdo, el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, aprobaba una Resolución en diciembre de 2024 en la que señalaba que “hay muchos Puestos de Vigilancia contra incendios que considera innecesarios”, apuntando a que en algunos casos serán sustituidos por tecnología, esto es, cámaras de vigilancia. Así, en total serían 34 los Puestos que la Junta pretende suprimir en la Región Leonesa (correspondiendo 18 a Zamora, 12 a León y 4 a Salamanca), a los que habría que sumar los que pretende suprimir en Castilla, tratándose en algunos casos de Puestos ubicados en zonas con mucha masa forestal, con orografía escarpada y con vigilancia sobre áreas naturales protegidas, como ocurriría en el caso de la provincia de León en los puestos de Villablino, Ancares, Riello, La Robla, Garrafe de Torío y Valderrueda, en los que pretenden suprimirse plazas de vigilantes, que en el conjunto de la comunidad autónoma prácticamente quedarían reducidos a la mitad de los actualmente existentes.
Cabe apuntar que las labores de los Vigilantes de Incendios Forestales son muy amplias, pero en la mencionada Resolución el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ciñe únicamente a la vigilancia en época de peligro alto de incendios. En este sentido, los puestos de trabajo que se pretenden eliminar son de personas que trabajan en zonas rurales, justificando la Junta la decisión de suprimir Puestos de Vigilancia como una medida de ahorro de dinero público, señalando en la Resolución que “supone un gasto público innecesario”, pero paralelamente apuntan a que se incrementará el gasto en cámaras de vigilancia, en las que se llevan gastados varios millones de euros, siendo licitándolas a empresas privadas. En el caso de la provincia de León no han detectado ningún incendio desde su instalación en el año 2016, pudiendo considerarse por ello que su efectividad es bastante cuestionable para la detección.
Así, desde UPL se pregunta a la Junta por la eficacia de las cámaras de vigilancia contra incendios o cuántos incendios forestales han sido detectados en su inicio en cada provincia por dichas cámaras de vigilancia. Además, cuestionan el coste de adquisición de las cámaras de vigilancia y a qué empresas y cuánto importe se ha pagado por su adquisición.
