La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha encendido las alarmas ante el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. La formación leonesista sostiene que el esquema propuesto perjudica a la Región Leonesa y provocaría un doble impacto negativo: por un lado, Castilla y León quedaría entre las comunidades más perjudicadas; por otro, León, Zamora y Salamanca sufrirían una infrafinanciación mayor al no constituir una comunidad autónoma propia.
La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, centra el debate en el reparto: “Lo importante no es solo que el Estado vaya a dotar de más fondos a todas las autonomías, sino cómo se reparten esos fondos”. A su juicio, la financiación es clave porque de ella dependen “nuestro estado del bienestar” y servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.
Un reparto que, según UPL, no refleja el coste real de los servicios
UPL argumenta que la Región Leonesa presenta características que elevan el coste de prestar servicios públicos. Entre ellas, destacan la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, factores que —según la formación— deben ponderarse con más peso en el cálculo.
En ese contexto, Gallego reclama “una financiación adecuada” y resume la posición del partido con un mensaje directo: “No queremos migajas, queremos unos recursos adecuados para atender a nuestros ciudadanos en función de las circunstancias y peculiaridades de nuestra región”.
El “principio de ordinalidad” y el riesgo de más desequilibrios
Los leonesistas también advierten de que, si se aplica el principio de ordinalidad para favorecer a las comunidades con mayor riqueza, se dificultaría la cohesión territorial y se podrían agravar los desequilibrios. UPL sostiene que esos desequilibrios ya se perciben dentro de Castilla y León y sitúa como ejemplo la evolución socioeconómica de las provincias leonesas desde la integración en la comunidad en 1983.
Las cifras: mejora del 2,8% frente a una media del 13,3%
Uno de los puntos que UPL pone sobre la mesa es la comparación de incrementos previstos. Según los datos manejados por la formación, el Gobierno plantea un aumento global de 20.975 millones de euros en financiación autonómica, pero para Castilla y León la mejora sería de apenas un 2,8% (271 millones), frente al 13,3% de media para el conjunto de comunidades.
En paralelo, UPL sostiene que la Región Leonesa, dentro de Castilla y León, sería la más perjudicada porque el presupuesto autonómico “tiende a concentrarse allá donde están las principales sedes”, situadas en territorios de Castilla, lo que —afirman— reduce el peso de la inversión no provincializada en las tres provincias leonesas.
“Ser autonomía propia” cambiaría el resultado, según el cálculo leonesista
UPL defiende que, si se aplicaran los criterios del nuevo sistema a la Región Leonesa como unidad territorial diferenciada (León, Zamora y Salamanca), la financiación resultante sería mayor “por el mero hecho” de ser comunidad autónoma. En sus estimaciones, el salto podría rondar unos 300 millones de euros más al año, mientras que, dentro de Castilla y León, esa mejora se reduciría previsiblemente a unos 100 millones para el conjunto de las tres provincias, dejando —según el partido— una diferencia negativa que interpretan como “una evidencia más” del coste de no contar con autonomía propia.
La denuncia de una infrafinanciación “estructural” y la media que “diluye” necesidades
El partido sostiene que la infrafinanciación de León, Zamora y Salamanca es estructural y se agrava por el efecto estadístico de la media autonómica: al agrupar indicadores, Castilla aparece como más necesitada de lo que sería por separado, mientras que la Región Leonesa queda “diluida” en una media más favorable que no refleja sus problemas reales.
A ello suman otra crítica: la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado por administraciones, con partidas destinadas a las provincias leonesas que “no se ejecutan o se ejecutan parcialmente”, reduciendo el impacto real de los recursos asignados.
Conclusión: rechazo al modelo y aviso de “doble perjuicio”
La conclusión de UPL es clara: si se implementa el nuevo reparto, la Región Leonesa se vería doblemente perjudicada, primero por pertenecer a una comunidad que quedaría en peor posición global, y después porque sus necesidades quedarían infrarepresentadas dentro de Castilla y León.
