La magistrada al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, en Valencia, solicitó a la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana que identifique a la persona o entidad responsable de la decisión de enviar el SMS de alerta a la población la tarde del 29 de octubre.
Fue el día en que una DANA causó 224 fallecidos, 3 desaparecidos y daños millonarios en la provincia de Valencia.
Además, la jueza ordenó la práctica de varias diligencias de investigación, entre las que se incluye el envío de un oficio al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
El objetivo es recabar documentación sobre el estado de los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo, así como de sus cauces. También pidió información detallada sobre el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros aspectos relevantes.
Por otro lado, la magistrada requirió al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que le informe sobre todas las actuaciones realizadas por este organismo entre el 29 y el 30 de octubre. En concreto, busca conocer «la información de que se disponía y desde qué momento», si dicha información provenía de otras administraciones o entidades, y si se implementaron medidas preventivas adicionales.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el Juzgado de Catarroja inició las diligencias de investigación relacionadas con la dana a principios de diciembre pasado. Esta decisión se tomó tras una solicitud presentada por la representación legal de la familia de una de las víctimas mortales.
Este jueves, la jueza mantuvo una reunión con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia. Durante el encuentro, les comunicó «verbalmente» su disposición a asumir la competencia sobre las diligencias previas relacionadas con denuncias y querellas por la gestión de la dana. Su intención es acumular estos casos a las diligencias previas que ya tiene abiertas, inicialmente por 75 fallecimientos ocurridos en localidades de su partido judicial.
La gestión de la DANA ha generado numerosas denuncias y querellas en diferentes órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.
Esta semana, coincidiendo con el tercer mes de la riada, más de un centenar de afectados agrupados en la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia presentaron una querella contra 5 miembros del Consell y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Los denunciantes buscan depurar responsabilidades por lo que consideran «inacción» en el ejercicio de sus funciones durante la catástrofe.
