España se encuentra en una situación crítica frente a las autoridades comunitarias. La Comisión Europea ha lanzado una advertencia formal: si el Gobierno no transpone de inmediato la directiva sobre el régimen del IVA para pymes, el caso será elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
A día de hoy, España ostenta el dudoso honor de ser el único Estado miembro que no ha cumplido con esta obligación, cuyo plazo de entrada en vigor expiró el pasado 1 de enero de 2025.
El conflicto de las ventas intracomunitarias
La norma en disputa tiene como objetivo simplificar la burocracia para los autónomos que operan en el mercado único. Obliga a los Estados a permitir que los profesionales queden exentos de trasladar el IVA a sus clientes en otros países de la Unión Europea, facilitando así la competitividad de los pequeños negocios transfronterizos.
Aunque el Ejecutivo español incluyó esta medida en un proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, el retraso legislativo ha agotado la paciencia de Bruselas. La Comisión ha confirmado que no tiene constancia de que la obligación se esté cumpliendo, lo que deja a los autónomos españoles en una situación de desventaja competitiva respecto al resto de sus homólogos europeos.
La polémica franquicia de los 85.000 euros
Más allá del retraso en las ventas comunitarias, el foco del malestar en el sector se centra en la franquicia del IVA. La directiva europea ofrece a los países la opción de eximir del impuesto a aquellos autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.
España, sin embargo, ha decidido rechazar esta opción, manteniendo la obligación de declarar el IVA independientemente del volumen de facturación. Esta decisión ha provocado un choque frontal con las organizaciones del sector:
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Denuncia de ATA: La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denunció formalmente a España ante la Comisión Europea el pasado diciembre por esta exclusión.
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Agravio comparativo: Mientras el resto de los autónomos europeos disfrutan de este «IVA franquiciado», los españoles siguen sujetos a una carga administrativa y fiscal que Bruselas permitía eliminar.
Un futuro marcado por el TJUE
El escenario que se abre ahora para España es de inseguridad jurídica. Si la ley no se aprueba y aplica con extrema urgencia, el país se enfrenta a multas millonarias y a un varapalo judicial en Luxemburgo.
Mientras el Congreso continúa con la tramitación de los cambios fiscales, los autónomos permanecen a la espera de un marco normativo que les permita competir en igualdad de condiciones dentro del mercado único europeo, sin las trabas de un sistema de IVA que Bruselas considera ya obsoleto para las pequeñas estructuras empresariales.
