El Servicio de Medicación Extrajudicial de Castilla y León ha batido récord histórico interviniendo en 394 conflictos colectivos en 2023 y más de 5200 conflictos individuales. Cabe destacar que los conflictos individuales fueron 3533 en 2022 y los 2718 en 2021. Por esta causa, desde UGT han querido felicitar a la plantilla y al director del equipo de mediadores del Serla por su “escrupuloso y comprometido trabajo”.
Sin embargo, desde el sindicato aseveran que la Administración Autonómica ya traspasó líneas rojas con el impago de las nóminas, pero, además, la extra y remuneración mensual de diciembre está sin abonar. Para UGTCyL, esto demuestra la incompetencia de la coalición del Gobierno porque sabían que los trámites no podrían formalizarse a tiempo. A este despropósito se suma que, actualmente, hasta los seguros sociales de los trabajadores están sin cubrir.
De esta manera, la Administración quiere obligar al Serla a la quiebra técnica “por asfixia y secuestro. Y supone un ataque al legitimo derecho constitucional de la población”. De hecho, el conflicto ya pasó por el TSJ de Castilla y León el 20 del pasado septiembre. En esa instancia, la sentencia reza que este Tribunal no es competente en su ámbito para resolver lo que UGTCYL denunciaba junto al Ministerio de Trabajo (donde reclamaba financiación suficiente para cubrir en su totalidad los gastos del SERLA). En consecuencia, la organización sindical junto con el Ministerio de Trabajo, interpuso hace dos semanas recurso a dicha sentencia, esperando que se resuelva a favor esta vez.
Y es que, el 6 de noviembre, UGT presentó ante el defensor del pueblo “las acciones contrarias decisorias de la comunidad autónoma que dificultan o directamente imposibilitan los medios de solución autónoma de conflictos solicitando que se responsabilice a los políticos de Castilla y León que gobiernan de la campaña de acoso al Serla”, que ejecuta por Ley las competencias en materia de mediación y arbitraje. Desde el sindicato, aseguran que están “vigilando las conductas inconstitucionales y antisindicales del ejecutivo autonómico para que la Administración Pública cumpla con su deber”.
Por lo tanto, UGT no solo exige y denuncia la falta de financiación, sino la quiebra técnica del SERLA, que ni siquiera puede tramitar el correo ordinario para las propias citaciones a las mediaciones, sufragar el gasto corriente o ni pagar el alquiler de la sede. Así, la organización sigue abordando con el Ministerio de Trabajo todas las posibilidades para desarrollar normativas o decretos que blinden el servicio de mediación de los territorios autonómicos. Al respecto, UGT ha llegado a afirmar que el gobierno de Castilla y León parece pretender que se aplique a la comunidad un 155 actuando de esta manera.
Para finalizar, UGTCYL ha exigido en estos días al consejero de Economía y Hacienda la agilidad del ingreso presupuestario «exclusivo para nóminas» que se aprobó extraordinariamente y condicionado a finales del 2023 por el Gobierno autonómico. No obstante, los 40.000 euros comprometidos son sólo uno de los puntos de los muchos que hay. Por eso, el sindicato seguirá apoyando, acudiendo y desarrollando cada día la prestación de mediadores al servicio del SERLA para los trabajadores y empresas en aras de resolver los conflictos laborales, pero también defendiendo por todas las vías posibles a las organizaciones, organismos instituciones y/o colectivos que la Ley exija y la Constitución fije”.
