UGT FICA Castilla y León elevó este jueves el tono en el cierre de su segunda Jornada de Acción Sindical y reclamó para la Comunidad un gobierno “competente” y con “interés” real por las personas trabajadoras. La organización situó la defensa del empleo, la mejora de los salarios y el desbloqueo de los convenios como prioridades inmediatas en el nuevo escenario autonómico.
La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, defendió la importancia de estas jornadas para formar a los representantes sindicales en negociación colectiva y reforzar la respuesta ante los conflictos laborales. En esta edición participaron 180 delegados, con presencia de plantillas de empresas de peso en la Comunidad como Renault, Horse, Michelin, Vida, Gullón, Campofrío y L’Oréal, entre otras.
Durante su intervención, Vega insistió en que la riqueza que generan las empresas debe repartirse también entre sus trabajadores. Además, advirtió de que la experiencia reciente del sindicato obliga a estar alerta ante posibles retrocesos. Por eso, reclamó que la futura responsabilidad sobre Industria recaiga en un perfil con conocimiento del área y compromiso con la conservación de los puestos de trabajo en condiciones dignas.
UGT FICA también aprovechó el acto para subrayar que la negociación colectiva atraviesa momentos delicados. El sindicato citó el caso de Iberdrola, con un convenio bloqueado desde hace más de un año y medio, y denunció que en muchas empresas se habla de absentismo mientras se deja en segundo plano el debate sobre el aumento de la siniestralidad laboral. Vega recordó, además, la reciente muerte de un trabajador en la provincia de Ávila en un sector que calificó de precario y con alta exposición al riesgo.
En clave económica, el secretario general federal de UGT FICA, Mariano Hoya, alertó de las consecuencias que, a juicio del sindicato, puede tener el contexto internacional sobre la economía española y sobre actividades estratégicas como la automoción y el agroalimentario. También reclamó concreción sobre las inversiones para la planta de Nissan en Ávila y pidió al Gobierno central medidas para frenar, según sostuvo, la presión especulativa en el sector energético.
Hoya vinculó ese escenario a la evolución de los precios y a la dificultad de cerrar acuerdos laborales, al tiempo que denunció la brecha salarial y el empeoramiento de la seguridad en el trabajo. En ese sentido, aseguró que el año pasado murieron 735 trabajadores en España y defendió la necesidad de abordar los coeficientes reductores en profesiones especialmente duras, donde seguir en activo a partir de cierta edad puede comprometer la seguridad.
Con este mensaje, UGT FICA lanza una advertencia clara al próximo ciclo político en Castilla y León: la estabilidad institucional no bastará si no viene acompañada de medidas concretas para reforzar la industria, mejorar las condiciones laborales y dar respuesta a los conflictos abiertos en los centros de trabajo.
