Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT SP CyL y Pilar Gutiérrez Sánchez, secretaria del sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia de UGT SP CyL han analizado hoy en rueda de prensa la situación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuya competencia autonómica la Junta ha delegado a las administraciones locales.
Para Pérez Urueña, las buenas palabras en torno a la necesidad de trabajadores en el sector y su gran crecimiento como motor de empleo en los últimos años no demuestran otra cosa que “hipocresía por parte de las administraciones” porque siguen procurando que su labor se desarrolle en unas condiciones “lamentables”.
Al respecto, Gutiérrez Sánchez, que además de responsable del sector es trabajadora de atención a domicilio ha reseñado que hay más de 7000 trabajadoras contratadas por administraciones locales y diputaciones, a quienes la Junta de Castilla y León delegó la competencia, y solo el 10% se encuentran a jornada completa. El resto, tienen jornadas parciales y, por eso, la mayoría no llegan a percibir el SMI.
Y es que, el pasado 24 de marzo, el Ministro de Derechos Sociales y la secretaria de Estado de DDSS afirmaron en declaraciones a medios que se prevé que, en los próximos 5 años, se necesitarán en España más de 260.000 trabajadores del sector de la dependencia. Sin embargo, este sector cada vez se encuentra más en manos de empresas privadas que licitan los servicios con las diferentes administraciones buscando, a menudo, un beneficio que, tal y como denuncian desde UGT, casi siempre se obtiene reduciendo costes en plantilla. Esto se traslada también a las residencias. En este amplio abanico de empresas participan ONGs, fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, instituciones religiosas, etc, y cada vez menos entidades públicas. De hecho, hay 571 centros y solo 130 son de carácter público.
Esto repercute tanto en los usuarios como en las trabajadoras, tal y como denuncia la secretaria del sector sociosanitario y Atención a la dependencia porque la precariedad laboral que padecen supone que cada vez haya menos personas dispuestas a trabajar en estas condiciones.
Por eso, desde UGT Servicios Públicos Castilla y León exigen que se unifiquen las convocatorias en un pliego único y los concursos salgan al mismo precio en unas provincias y en otras porque, tal y como advierte Pilar Gutiérrez, “no puede ser que, en Segovia el año pasado, el precio del servicio hora saliera a 21,21 € más IVA y ahora en enero en Palencia salga a 20,90€ más IVA por hacer el mismo servicio”.
Además, las empresas que entran a concurso se aseguran 4 años de servicio porque los pliegos salen con un acuerdo de dos años prorrogable por otros dos, “hecho que a la trabajadora no le repercute ni en estabilidad ni en beneficios”.
Es decir que, además de precariedad, se está procurando un desequilibrio interterritorial y un uso inadecuado de las licitaciones y las contrataciones. De seguir así, se preguntan desde el sindicato “¿quién va a cuidar a quien cuida?”.
