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UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha presentado hoy en rueda de prensa su campaña en vídeo y redes para denunciar la “inacción” de la Consejería de Familia de Castilla y León ante las reivindicaciones del sindicato para exigir unas condiciones laborales dignas para los trabajadores de atención a la discapacidad. Las declaraciones a medios han corrido a cargo de Tomás Pérez, secretario general de UGT SP CyL, Beatriz García, secretaria del sector de Enseñanza de UGT SP CyL y Esther Valdunciel, responsable de Enseñanza Privada de UGT SP CyL.
La campaña se lanzará en los próximos días a través de las redes sociales del sindicato (Twitter, Tiktok, Instagram, y Facebook, principalmente) para explicarle al conjunto de la sociedad en qué consisten las reivindicaciones del colectivo y las “desiguales y pésimas” condiciones en las que están desempeñando su labor.
Y es que, según los datos aportados por el sindicato, esta situación afecta a unos 6.500 trabajadores repartidos en 789 centros, cuyo complemento mensual podría discurrir entre 75 y 150 euros, con el fin de paliar la diferencia salarial con aquellos inmersos en centros públicos, con salarios de hasta
1.400 euros frente a los 1.200 de los privados.
No obstante, UGT lleva ya meses haciéndose eco de las necesidades del sector. Cabe recordar que se trata de trabajadores que forman, integran y cuidan de las personas de Castilla y León con grados de discapacidad reconocidos. Muchos de ellos trabajan para fundaciones y organizaciones conocidas como ONGs y, en consecuencia, mucha gente cree que sus especialistas son prácticamente voluntarios. Y nada más lejos de la realidad. Entre los diversos oficios que acoge el sector, hay enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, y educadores. Las competencias de estos profesionales son, en cualquier caso, de la Junta de Castilla y León que oferta conciertos a empresas privadas para llevar a cabo los servicios relacionados. Sin embargo, tal y como denuncia Pérez Urueña, “la JCyL debe supervisar el trabajo realizado, que los usuarios reciban la atención adecuada y que las condiciones de los trabajadores sean dignas: no basta con concertar el servicio y desentenderse”. Sin embargo, el sindicato asegura que las concesionarias del sector se están transformando. Actualmente, hay muchas empresas dedicadas originalmente a la construcción o a sectores diversos que han empezado a hacerse cargos de centros de día, residencias de mayores y a ofrecer servicios a la dependencia. El principal problema es que estas empresas buscan la rentabilidad económica y eso solo se consigue o bien ofreciendo un peor servicio a los usuarios o a costa del empeoramiento de las condiciones de los trabajadores.
En muchas comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias, las retribuciones de estos trabajadores, se mejoran con un complemento que dignifica sus “exiguos” salarios, ya que, tal y como aseveran desde UGT, “no queremos que la Consejera intervenga ningún convenio, sino que aporte directamente un complemento retributivo y autonómico, que se preocupe por los trabajadores, que les valore y les dignifique, porque la competencia es plena de la Junta”.
El secretario general de UGT SP CyL explica que este colectivo se encuentra regulado por el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad, de ámbito estatal, y establece la posibilidad de negociar acuerdos sobre diferentes materias en cada una de las comunidades autónomas, puesto que la mayor parte de las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas.
Además, Beatriz García ha denunciado que llevan más de un año detrás de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, intentando que les reciba para plantearle las peticiones del colectivo sin ningún éxito. No deja de hablar de todo el dinero que aporta a la dependencia, pero no se preocupa de cómo se distribuye este dinero y de las condiciones de los trabajadores que atienden a esos dependientes. “Cabe recordar que el 80% de las empresas que atienden a las personas con discapacidad son privadas y solo el 20% se encuentran en manos directas de la Administración Pública. Y las diferencias entre los trabajadores de unos centros y de otros son abismales”.
Para finalizar, UGT ha explicado que estas negociaciones «serán beneficiosas no solo para las personas trabajadoras del sector, sino también para las beneficiarias de los servicios, consiguiendo un servicio de más calidad” y han advertido a Isabel Blanco que el sindicato seguirá ejerciendo cuantas acciones de presión considere adecuadas y necesarias para mejorar las condiciones sociolaborales de este colectivo.
