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Solo para algunos funcionarios de la Junta de CyL es una realidad la recuperación de la jornada de 35 horas tras más 10 años de recortes. Y es que, según UGT, la Consejería de Educación ha dado instrucciones para que los docentes de Castilla y León no recuperen la jornada anterior a la crisis del 2012 y, a día de hoy, los equipos directivos de los centros educativos están siendo obligados a incumplir el Decreto-Ley 1/2023, de 30 de marzo, que establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de CyL.
Al respecto, el sindicato asegura que los equipos directivos están “haciendo filigranas” para configurar los horarios del próximo curso en base a una instrucción que, de acuerdo con el decreto-ley, cierra horarios del profesorado a 18 periodos lectivos con compensaciones horarias “que van a impedir que se puedan realizar otras tareas fundamentales como son las guardias de atención al alumnado que”, según recuerda la organización sindical, “no puede estar solo en el aula”. Además, UGT afirma que la instrucción también afecta a las actividades complementarias y extraescolares y a la preparación de prácticas, laboratorios y talleres.
Cabe recordar que, hace más de un mes, el sindicato advirtió de la manipulación que se estaba realizado por parte de la Consejería de Educación a la hora de distribuir el cupo de profesorado, al plantear los 18 periodos lectivos como norma. Por eso, ahora, UGT denuncia “el enfado y la frustración que están sufriendo en estos momentos los equipos directivos de institutos y centros integrados de FP que se muestran disconformes con el incumplimiento del decreto-ley con el cupo que propone la Administración educativa”. Según explican, al trabajo que supone el inicio del próximo curso escolar, “se suma la incredulidad y decepción del propio profesorado, que creía que por fin recuperaba las condiciones laborales del curso 2011/12”.
En este sentido, los responsables del sector de la enseñanza de la Unión General de los Trabajadores explican que la situación de los centros educativos, del profesorado y de los equipos directivos no es la de hace más de 10 años: “La burocracia ha crecido a un ritmo exponencial”. De hecho, en este curso 2022/23, los centros educativos han tenido que hacer frente a la implantación de una nueva ley educativa, LOMLOE y a su novedosa evaluación, a planes de digitalización de centro, a la competencia digital docente, a la Red de Detección y Alerta ante problemas de salud mental en el alumnado, a los procesos
selectivos que implican tanto a los funcionarios de carrera que forman parte de los tribunales como a los interinos que aspiran a una plaza en propiedad. Y a esto se suman todas las cuestiones ordinarias como matriculación, becas, programa Releo, comedor, transporte, etc.
Por todo ello, UGT Castilla y León exige a la Consejería de Educación que cumpla el Decreto-ley y atienda las demandas del profesorado y de los equipos directivos porque “no se puede iniciar el curso con unas plantillas que no cubran todas las necesidades, tanto lectivas como no lectivas, de los centros educativos de la comunidad”.