La orden ejecutiva incluye la imposición de restricciones financieras y la limitación en la concesión de visados para viajar a Estados Unidos a aquellos individuos de la CPI que participen en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Eso último es una alusión directa a su socio, Israel.
Esta decisión se produce después de que el Tribunal de La Haya emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en noviembre, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
La firma de la orden ejecutiva tuvo lugar tras la reunión que Trump mantuvo el martes con Netanyahu, quien se encuentra de visita en Washington hasta el sábado.
No es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra la CPI. En 2020, durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores. Estas sanciones respondieron a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La semana pasada, los demócratas del Senado bloquearon un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.
Tanto Estados Unidos como Israel han optado por no ratificar el tratado que los convertiría en miembros de la CPI, lo que impide que cualquier crimen de guerra cometido por ambos países en sus territorios derive en órdenes de arresto internacional. Sin embargo, esto no aplica en los territorios de los países que sí forman parte de la organización.
Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró el apoyo de la Unión Europea a la labor «esencial» de la CPI en favor de «las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo».
«La independencia y la imparcialidad son características cruciales del trabajo de la Corte. La UE mantiene su compromiso con acabar con la impunidad y asegurar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional», escribió Costa. Este respaldo contrasta con la postura de Estados Unidos, que ha optado por medidas más confrontativas hacia el tribunal internacional.
