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El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a los consejeros de la Presidencia y Sanidad que realicen las actuaciones e iniciativas oportunas para acabar con la grave discriminación que sufren las enfermeras y fisioterapeutas de Castilla y León, al pertenecer al subgrupo A2 de clasificación profesional, y que se incluyan en un Grupo A, sin subgrupos.
Dentro de la estrategia de acción sindical que está desarrollando en todo el Estado, y después de dirigirse ya al Gobierno y al Defensor del Pueblo, SATSE da un nuevo paso y pide la intermediación de los responsables de Sanidad y Presidencia de Castilla y León, ante la injusta y anacrónica situación de desigualdad que sufren las enfermeras y fisioterapeutas respecto a otros profesionales sanitarios y empleados públicos en lo relativo a su categoría profesional.
“La actual clasificación profesional ha quedado obsoleta y trasnochada ante los cambios experimentados por el sistema educativo de nuestro país y el desarrollo competencial de profesionales, como son las enfermeras o fisioterapeutas, cuyo desarrollo profesional es absolutamente imprescindible para la mejora de la sanidad y la atención a pacientes y ciudadanía”, apunta.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que, tras la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, se extinguieron los planes de estudios de licenciatura y diplomatura, y, desde ese momento, todos los titulados universitarios obtienen un título de Grado. Entre ellos, se incluyen las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, con los mismos créditos ECTS (240) que la mayoría de las titulaciones universitarias.
No obstante, las enfermeras y fisioterapeutas de Castilla y León permanecen en el subgrupo de clasificación profesional A2, dentro del Grupo A, lo que repercute negativamente en su desarrollo y avance profesional, ya que, en la actualidad, no se les permite acceder a puestos relacionados con la gestión y dirección de alto nivel, como las gerencias de áreas y centros sanitarios, por ejemplo, o a grupos de investigación y docencia, apunta.
Por ello, en las cartas remitidas a los consejeros autonómicos, SATSE expone de manera detallada todos los argumentos que justifican la urgente necesidad de que el Gobierno modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para suprimir la división del Grupo A en los subgrupos A1 y A2, estableciendo un solo Grupo, el Grupo A.
“Consideramos que no es ajustado a derecho que títulos oficiales universitarios de Grado, que cuentan con un plan de estudios de 240 créditos, se adscriban automáticamente al subgrupo A1 o A2, obviando los criterios de clasificación a tal fin impuestos por el artículo 76 del EBEP solo por el mero hecho de que, antiguamente, las titulaciones concretas fuesen antes una diplomatura o una licenciatura”, agrega.
Al respecto, desde SATSE se incide en que que la falta de voluntad política de asumir el reto que exige implantar la nueva clasificación de la función pública, ajustada a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, al proceso de reordenación de los títulos universitarios y al desarrollo competencial experimentado por algunas profesiones, caso de Enfermería y Fisioterapia, está perpetuando una situación sin el preceptivo sustento legal en miles de empleados públicos.
Por último, y dado que la profesión enfermera está formada por mujeres en casi un 90 por ciento, el Sindicato de Enfermería considera que se está ahondando la brecha existente de éstas respecto a colectivos mayoritariamente masculinos, al dificultar su desarrollo profesional y el acceso a los puestos de gestión, dirección y liderazgo sanitario e investigador en base a unos requisitos administrativos históricos y no competenciales.
