La diputada leonesa Silvia Franco ha mantenido hoy un encuentro con el sindicato Acaip-UGT, mayoritario en la prisión de Villahierro, donde ha confirmado el compromiso del Partido Popular que reclamar que “todos los empleados públicos de los centros penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad” para reforzar la seguridad en el ejercicio de su actividad profesional.
Franco informó que el PP había presentado un proposición de ley orgánica que de modificación de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre que ya había recibido el visto bueno del Senado y que el PSOE bloqueó en el Congreso para presentar su propia iniciativa que los populares han secundado. “Es una pena porque si se hubiese seguido el curso de la tramitación estaría en vigor y serían considerados agentes de la autoridad”, enfatizó la diputada leonesa.
Esta propuesta, que inicialmente se circunscribía a los funcionarios de prisiones, se pretende extender, según la enmienda presentada por el Partido Popular, a los templados públicos que ejercen en los centros penitenciarios.
El colectivo de funcionarios de prisiones sufrió 508 agresiones durante el pasado 2023, un número récord que supuso un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior, un crecimiento que “no cesa y le convierte en el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre con una media de un funcionario agredido cada 16 horas”, apunta Silvia Franco.
El encuentro también sirvió para enumerar las iniciativas en Congreso y Senado que el PP ha presentado para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores adscritos a los centros penitenciarios. Entre ellas, la proposición no de ley que exige la declaración de profesión de riesgo que realiza el colectivo de empleados públicos penitenciarios.
Peticiones
La reunión también sirvió para que la diputada nacional conociera, de primera mano, las necesidades de los trabajadores públicos del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas. En este sentido, los representantes de Acaip-UGT exigieron una mayor inversión en las infraestructuras para garantizar su seguridad, unido a la necesidad de incrementar el personal sanitario que, actualmente, cumple su labor en el centro penitenciario.
Los funcionarios también exigen que las vacantes que actualmente existen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se cubran con el objetivo de alcanzar los estándares de funcionarios por recluso y garantizar, así, el desempeño de sus funciones.
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