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San Andrés pone sobre la mesa la Relación de Puestos de Trabajo

Ahora León / San Andrés / RPT

El equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo ha trasladado hoy el manual y los organigramas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a los distintos grupos políticos de la corporación municipal.

El documento, que no contempla la amortización de plazas, establece la organización efectiva de los recursos humanos con los que cuenta el tercer Ayuntamiento de la provincia, adaptándolos a las necesidades que le exige la prestación efectiva de servicios púbicos a la ciudadanía.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, rubricó con la adjudicataria el contrato del servicio para el estudio, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo del Consistorio.

La RPT de San Andrés fue adjudicada a la empresa “TRIVILEON, S.L.P.” por 45.000 euros más IVA, con un plazo de ejecución de cien días desde la formalización del acuerdo contractual.

Con la presentación de la documentación resultante a las formaciones políticas en Junta de Portavoces, el Ejecutivo local avanza en este trámite fundamental para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta su situación económica y el Plan de Ajuste al que está sometido.

La RPT define el organigrama de los puestos de trabajo para el correcto funcionamiento del Consistorio, qué funciones se realizan en cada uno de ellos y las retribuciones aparejadas.

La aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo es un objetivo largamente perseguido en los últimos años por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que de esta manera avanza en el procedimiento necesario para su aprobación definitiva.

Así, el próximo jueves se presentarán los resultados a los representantes de los trabajadores para después someterse a un periodo de alegaciones.

La tramitación continuará con la revisión de la descripción de los puestos de trabajo, la aplicación de la metodología y consiguiente valoración retributiva de los puestos de trabajo para someter después esta RPT a su aprobación.

“Queremos que sea un documento de todos, grupos políticos y trabajadores, ya que perdurará en el tiempo y marcará el rumbo del Ayuntamiento de San Andrés, redundado así en la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía”, han remarcado desde el equipo de Gobierno, para después recordar la necesidad de contar con este documento para adaptarse tanto a la realidad actual como a la estructura de una administración moderna.

EL ACUERDO ALCANZADO CON LOS TRABAJADORES SE LLEVARÁ A PLENO

Por otro lado, el equipo de Gobierno ha trasladado a los grupos políticos la posibilidad y la necesidad de someter a la voluntad del Pleno el acuerdo alcanzado con los funcionarios del Ayuntamiento por el que se establece una Productividad lineal de 200 euros con la que se busca un importante ahorro para las arcas municipales.

Este planteamiento se produce después de que durante la jornada  de ayer se aprobase en la Mesa General de Negociación el acuerdo alcanzado con el personal funcionario y respaldado tanto por la Asamblea de Trabajadores como por la Mesa Sectorial de los Funcionarios en torno a la modificación de este complemento salarial.

El mismo recibió el voto favorable de la Administración, que cuenta con el 50% de la representación, y del sindicato de la Policía (SPPM), la abstención de USO y CCOO y los únicos votos en contra de UGT y Csif.

Sin embargo, al no haber alcanzado el respaldo mayoritario de la parte social, el Ejecutivo local ha decidido plantear a los grupos la necesidad de someter este acuerdo a Pleno con el objetivo de dar mayor validez al mismo.

Con la reducción del complemento de Productividad se persigue un importante ahorro en los cerca de 600.000 euros anuales que suponía este complemento para las arcas municipales, teniendo en cuenta que las cuantías percibidas oscilaban entre los 200 y 1.000 euros mensuales por trabajador.

El actual equipo de Gobierno trabaja así en la toma de decisiones que permitan garantizar la estabilidad presupuestaria, limitar tanto la deuda municipal como los plazos de pago a proveedores y, en definitiva, cumplir con la legalidad que supone el Plan de Ajuste.

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