San Andrés del Rabanedo llevará al Pleno de este jueves la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria por importe de 2 millones de euros. El Ayuntamiento sostiene que se trata de una medida técnica, puntual y temporal, vinculada a una obligación legal de Hacienda.
La decisión llega después del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2024. Según el Consistorio, esta situación estuvo condicionada por la deuda de Gersul y por el desfase en la factura del agua.
Desde el equipo de Gobierno remarcan que la retención no responde a un problema estructural nuevo. Al contrario, aseguran que el Ayuntamiento mantiene su objetivo de seguir reduciendo la deuda municipal y avanzar hacia la salida del plan de ajuste.
La medida afectará a créditos presupuestarios por valor de 2 millones de euros, pero el Ayuntamiento prevé revertir el acuerdo en las próximas semanas. Para ello, será necesario aprobar antes la liquidación del ejercicio 2025, en la que ya trabaja el área económica municipal.
El Gobierno local considera que la actual regla de gasto actúa como “un corsé” para administraciones que, como San Andrés del Rabanedo, intentan mejorar sus cuentas públicas. Además, el Consistorio subraya que no se van a retener los tributos del Estado.
Otro de los datos destacados es que la liquidación de 2024 arrojó un superávit de 5,4 millones de euros. Sin embargo, ese resultado no evita la obligación de adoptar la no disponibilidad presupuestaria por el incumplimiento de la regla de gasto.
El Ayuntamiento insiste en que su prioridad sigue siendo dejar una administración más saneada que al inicio del mandato. Por ello, mantiene como objetivo avanzar en la reducción de deuda y abandonar cuanto antes el plan de ajuste.
La previsión municipal apunta a que la liquidación de 2025 permitirá constatar el cumplimiento de la regla de gasto. En ese caso, y siempre que lo apruebe la Corporación en Pleno, el acuerdo de no disponibilidad podrá quedar revertido.
El equipo de Gobierno también recuerda que esta medida no es exclusiva de San Andrés del Rabanedo. Otras administraciones han tenido que aprobar acuerdos similares para cumplir con las exigencias legales en materia presupuestaria.
