El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha lanzado un enérgico llamamiento a la Junta de Castilla y León para que “aparque de una vez las excusas” y proceda de forma “inmediata” al nombramiento del interventor municipal, un puesto clave para garantizar la legalidad y la estabilidad económica del Consistorio.
La alcaldesa, Ana Caurel, trasladó una queja formal a la Consejería de Presidencia denunciando la demora “injustificada” en la designación de este alto funcionario, pese a que el proceso selectivo se realizó en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento, “con total transparencia y de acuerdo a la legalidad”.
“Resulta inaceptable que la Junta siga retrasando una decisión de tal trascendencia, más aún cuando hablamos del tercer municipio con mayor población de la provincia”, advirtió Caurel.
Según la regidora, el bloqueo administrativo está teniendo un impacto directo en cuestiones esenciales como el pago de nóminas de empleados públicos, la justificación de subvenciones, la contratación de personal, la amortización de deuda, la ejecución de inversiones urgentes o el pago a proveedores.
Un vacío desde octubre de 2024
El cargo de interventor quedó vacante tras el cese del anterior responsable en octubre de 2024. Desde entonces, la plaza ha sido cubierta de manera accidental por un funcionario municipal, fórmula que permitió mantener la actividad contable y de fiscalización hasta finales de julio de este año.
La situación se complicó aún más después de que Izquierda Unida presentara una denuncia el pasado 8 de julio, lo que paralizó el procedimiento de interinidad, pese a que —según el equipo de Gobierno— carecía de fundamento legal y respondía únicamente a fines políticos.
El Ayuntamiento remitió el expediente completo a la Junta el 3 de julio, solicitando la confirmación del nombramiento tras finalizar el proceso selectivo. Sin embargo, hasta la fecha solo ha recibido “evasivas y excusas vacías” por parte de la administración autonómica.
Llamamiento a la Junta
Desde el equipo de Gobierno se advierte de que el municipio “no puede ser rehén de intereses partidistas ni de la inacción autonómica”. Por ello, reclaman una resolución inmediata que permita normalizar el funcionamiento económico y administrativo del Ayuntamiento.
“No hay ninguna razón para seguir retrasando el nombramiento”, concluyó la alcaldesa.
