El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercer municipio más poblado de la provincia de León, ha alzado la voz contra la Junta de Castilla y León, a la que acusa de un «injustificable» bloqueo que está paralizando su gestión administrativa y económica. El conflicto se centra en el nombramiento del interventor municipal interino, cuyo proceso selectivo, ya finalizado, se ha topado con un veto sorpresivo de la administración autonómica.
Según el Consistorio, la Junta ha enviado una orden para que se anule el nombramiento del tribunal que supervisó el proceso, un requerimiento que llega más de dos meses después de que la selección concluyera con éxito y habiendo cumplido, aseguran, con todos los requisitos legales. El motivo de esta nueva objeción, según la Junta, es que el tribunal estaba compuesto de forma mayoritaria por funcionarios de habilitación nacional, un argumento que el Ayuntamiento desmiente categóricamente y califica de «sin base».
La alcaldesa, Ana Caurel, ha denunciado que la actitud de la Junta no solo es «irresponsable y partidista», sino que «condena a la institución al bloqueo y secuestra la gestión municipal». La regidora asegura que el requerimiento «debería haberse efectuado durante el transcurso del procedimiento selectivo y no una vez finalizado», lo que a su juicio vulnera los derechos del aspirante propuesto.
Graves consecuencias para los ciudadanos
La figura del interventor es crucial para el buen funcionamiento de un ayuntamiento, ya que es el encargado de controlar la legalidad de los gastos, garantizar la correcta ejecución del presupuesto y velar por la transparencia en la gestión de los recursos públicos. La falta de este funcionario deja al consistorio en una situación de paralización, con consecuencias que el equipo de Gobierno califica de «gravísimas».
Entre los riesgos inmediatos, el Ayuntamiento ha señalado la posible pérdida de subvenciones, el impago de nóminas y la retención de tributos estatales, lo que podría dañar seriamente los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos. El Consistorio afirma haber hecho todo lo posible para evitar esta situación, asumiendo incluso responsabilidades que no le corresponden, pero la actitud de la Junta está impidiendo deliberadamente que San Andrés del Rabanedo funcione con normalidad.
El Ayuntamiento ha instado a la Junta a «dejar de bloquearnos y respetar la legalidad», ya que los ciudadanos del municipio «no pueden ni deben pagar el precio de intereses partidistas». Ante la evidente negativa de la Junta a cumplir con su responsabilidad, el equipo de Gobierno ha anunciado que está valorando todas las opciones posibles para solucionar el conflicto y ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición para buscar un acuerdo que permita desbloquear la situación.
