El conflicto administrativo que mantenía en vilo a más de 300 empleados del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha dado un giro decisivo. Tras semanas de bloqueo y de intensas gestiones desde la Alcaldía, la Junta de Castilla y León ha designado finalmente este lunes a un interventor accidental, un funcionario del propio Consistorio, para desbloquear la situación y posibilitar el pago de las nóminas pendientes.
La resolución se comunicó a última hora de la mañana, en torno a las 14:15 horas, apenas unas horas después de la reunión que la alcaldesa, Ana Caurel, y el concejal de Personal, Andrés Vidales, mantuvieron con los trabajadores municipales para informarles de los trámites realizados y de la propuesta de nombramiento remitida a la Junta el pasado 5 de septiembre.
La designación resulta determinante, ya que sin la habilitación legal de un interventor no era posible firmar los documentos contables necesarios para abonar los salarios. Desde el equipo de Gobierno se había denunciado en días anteriores la “parálisis injustificada” de la Junta, a la que acusaban de actuar por intereses partidistas y de poner en riesgo la estabilidad de cientos de familias y el funcionamiento de los servicios públicos del tercer municipio de la provincia.
Con este nombramiento, el Consistorio podrá regularizar de inmediato el pago de las nóminas y recuperar la normalidad administrativa, aunque la Alcaldía insiste en la necesidad de contar cuanto antes con un interventor titular para garantizar la estabilidad en la gestión económica municipal.
