ASAJA ha activado una ofensiva legal para defender a los profesionales del campo que quedaron fuera de las ayudas de la Junta de Castilla y León por los incendios forestales del verano pasado. Según la organización, el recurso contencioso por ayudas incendios forestales en Castilla y León se presentará de forma colectiva antes de que termine el mes.
La medida afecta a agricultores y ganaderos profesionales que cotizan en la Seguridad Social por su actividad agraria y que declararon superficie de cultivos herbáceos en la PAC dentro de municipios afectados por el fuego. En estos casos, ASAJA sostiene que las fincas “fueron realmente calcinadas”, pero aun así no aparecieron en los listados de beneficiarios.
El origen del conflicto: beneficiarios fuera de las listas
Las ayudas se aprobaron por concesión directa mediante acuerdo de la Junta y se desarrollaron en las órdenes AGR/978/2025 y AGR/995/2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Tras la publicación, varias decenas de afectados presentaron recurso de reposición al considerar que cumplían los requisitos.
La organización afirma que la Consejería fijó un mes para resolver esos recursos, pero, según los afectados, han pasado más de cuatro meses sin respuesta oficial. Por tanto, ASAJA interpreta que existe silencio administrativo desestimatorio y da por agotada esta vía previa.
El punto técnico que centra la disputa
La mayoría de las reclamaciones gira en torno a una cuestión agronómica concreta. Según ASAJA, la Administración entendió que en la segunda y tercera semana de agosto los cereales de secano ya estaban cosechados y, por ese motivo, excluyó parcelas que dependían de ese criterio.
Sin embargo, la organización agraria sostiene que esa premisa no reflejaba la situación real en todas las zonas afectadas. De ahí que haya optado por llevar el caso al Tribunal. En paralelo, ASAJA remarca que respaldó inicialmente estas líneas de ayuda en el Consejo Regional Agrario presidido por Alfonso Fernández Mañueco.
Próximos pasos: acción colectiva y representación legal
ASAJA ya ha encargado la estrategia jurídica a Álvarez Higuera Abogados. Además, prevé convocar a los socios afectados para explicar el procedimiento y formalizar poderes a abogados y procuradores. El objetivo es registrar el recurso contencioso por ayudas incendios forestales en Castilla y León antes de final de mes.
La cuantía reclamada es de 5.500 euros por explotación afectada. Esta cifra, según la organización, resulta clave para aliviar el impacto económico que dejó la catástrofe en explotaciones agrícolas y ganaderas del medio rural.
Un matiz relevante en el contexto de ayudas
Los afectados sí habrían cobrado la ayuda aprobada por el Gobierno de España para el mismo fin, canalizada a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, el conflicto actual se centra en la línea autonómica y en los criterios de exclusión aplicados en Castilla y León.
Así, el foco pasa ahora al ámbito judicial. Si prospera el procedimiento, el caso puede marcar un precedente sobre cómo se evalúan daños agrarios tras grandes incendios y sobre los tiempos de respuesta administrativa en situaciones de emergencia rural.
