La Junta de Castilla y León ha registrado, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, sus alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. El documento, que articula doce puntos fundamentales, reitera la oposición de la Junta a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España. Este rechazo ya se había manifestado previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en diversos encuentros técnicos.
Argumentos centrales contra la medida
El paquete de alegaciones registrado subraya que la norma tiene una motivación claramente política, al responder al cumplimiento de un acuerdo de investidura entre partidos, en lugar de a una solución técnica e integral.
Los doce puntos de oposición se centran en los siguientes ejes:
- Parche Aislado, No Solución Integral: El anteproyecto no corrige la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas. La Junta insiste en que la prioridad debe ser la reforma del modelo de financiación autonómica (SFA), caducado desde hace once años, bajo principios de solidaridad y suficiencia.
- Menoscabo de la Responsabilidad Fiscal: Se socava el principio de responsabilidad fiscal (artículo 9 de la Constitución) al no obligar a cada administración a responder por sus propias decisiones de gestión y endeudamiento.
- Falta de Transparencia y Multilateralidad: El Gobierno ha actuado sin transparencia ni negociación multilateral, presentando la medida como un acuerdo cerrado a imponer.
- Discriminación y Agravio Comparativo: Se considera una medida injusta que genera agravios entre territorios y un trato discriminatorio, vulnerando la lealtad institucional.
- Criterios de Reparto Discrecionales: La Junta discrepa de los criterios de reparto de la deuda asumida por el Estado, considerándolos totalmente discrecionales. Denuncia que se perjudica a las comunidades que han optado por bajar impuestos y han mantenido una política presupuestaria prudente.
- Perjuicio a los Ciudadanos de Castilla y León: La medida final resulta en un aumento de la deuda per cápita de los ciudadanos de Castilla y León en 523 euros.
- Sin Flujo de Ingresos Adicionales: Contrario a lo que se manifiesta, la condonación no supone un flujo de ingresos adicionales ni mayor capacidad de gasto para servicios sociales (sanidad, educación), ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide usar la reducción de deuda para incrementar gasto.
Críticas al régimen de endeudamiento y solvencia
El documento también critica las propuestas de cambio en el régimen de endeudamiento, como la derogación de la obligación de destinar el endeudamiento a largo plazo a inversión pública. La Junta considera que esto busca esquivar el problema real de la insuficiencia de recursos del SFA.
Finalmente, la Junta valora negativamente el anteproyecto, señalando que Castilla y León ya goza de un adecuado grado de solvencia financiera y acceso a los mercados. La Comunidad subraya que su problema es la insuficiencia de recursos y la insuficiente ponderación de factores demográficos y territoriales en el actual modelo. El Consejo de Cuentas de Castilla y León cuantifica el déficit acumulado de financiación en la Comunidad entre 2009 y 2021 en 6.722 millones de euros.
