La quiebra de Laboratorios Ovejero, una de las empresas emblemáticas de León, ha dado un giro inesperado. El 22 de abril de 2025, tres empresarios de la Unión Europea han presentado una querella ante los Juzgados de León por los presuntos delitos de estafa procesal y alzamiento de bienes. Según la denuncia, la trama habría sido diseñada para perjudicar a cientos de acreedores menores, entre ellos numerosos proveedores leoneses, que podrían sufrir pérdidas severas o incluso el impago total de sus deudas.
La querella sostiene que la situación actual del concurso pone en grave riesgo patrimonial a colectivos vulnerables, como proveedores sin garantías de cobro y acreedores minoritarios sin la capacidad de voto necesaria para influir en el convenio. Entre los afectados se encuentran decenas de empresarios y empresas vinculadas a León, así como instituciones clave de la provincia, como el Ayuntamiento de León, la Universidad, la Cámara de Comercio y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). La denuncia subraya que la posible manipulación del proceso ha generado un enorme perjuicio económico a un sector fundamental del tejido productivo leonés.
El eje central de la querella se basa en una extraña cesión de créditos que, según los denunciantes, habría sido clave para manipular el resultado del concurso. Laboratorios Ovejero, adquirida en 2021 por un grupo biofarmacéutico gallego, entró en concurso en 2022. En ese momento, una empresa llamada Eagle Heat S.L., vinculada al Grupo Tejedor Lázaro, adquirió créditos de la compañía leonesa por un valor superior a los 5,2 millones de euros. Esta adquisición, aparentemente legítima, se convirtió en el instrumento para aprobar un convenio con una quita del 50% y periodos de espera de tres años. Con su voto a favor, Eagle Heat S.L. superó el 58% del pasivo necesario para que el convenio fuera aprobado en septiembre de 2023.
Apenas veinte días después de la aprobación del convenio, Eagle Heat cedió los créditos adquiridos al propio grupo deudor, el biofarmacéutico gallego. Este movimiento es considerado por los querellantes como la prueba clave del presunto papel de testaferro de Eagle Heat S.L. La denuncia explica que esta operación habría permitido que el grupo comprador, actuando en la sombra, impusiera un convenio que el Juzgado de lo Mercantil no habría aprobado si se hubiera sabido que la misma entidad actuaba simultáneamente como acreedor y deudor. La querella destaca que lo que el grupo biofarmacéutico ganó con esta maniobra, lo perdieron los acreedores minoritarios, a los que se les impusieron condiciones abusivas.
El texto de la denuncia explica que, si bien la Ley impide que el juzgado deje votar los créditos de la firma biofarmacéutica al ser la deudora, esta pudo ejercer su influencia a través de los créditos ocultos adquiridos por su presunto testaferro. Para los querellantes, esta maniobra no solo perjudicó a los pequeños acreedores, sino que también manipuló el resultado del concurso. La querella detalla que esta posible relación de testaferro se apoya en los préstamos por un valor superior a 4,3 millones de euros que el grupo biofarmacéutico gallego concedió a diferentes sociedades del Grupo Tejedor Lázaro durante 2022.
Además, la querella también apunta a la falta de neutralidad y transparencia de la firma de asesoramiento Archer Partners, que actuó como apoderado y asesor de ambas partes. Según los denunciantes, su actuación contribuyó a la simulación de independencia y control de la operativa concursal. La querella es clara en sus peticiones: solicita la apertura urgente de una instrucción penal, la declaración como investigados de los responsables del Grupo Tejedor Lázaro, el grupo biofarmacéutico y Archer Partners, y el requerimiento de documentación clave sobre las cesiones de créditos, informes notariales y movimientos de activos. Para garantizar la reparación de los daños, también se pide la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y el embargo cautelar de bienes relacionados con la operación.
