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El PSOE de León ha denunciado el oportunismo de la Junta de Castilla y León, que este jueves ha anunciado la inversión de medio millón de euros en obras en 11 colegios del Bierzo, seis de ellos en Ponferrada, según explicó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, en visita al Centro de Educación de Infantil y Primaria Navaliegos de Ponferrada.
“Los ciudadanos pagan estas actuaciones con sus impuestos. No hay nada que agradecer, al contrario, las aulas deberían de estar mucho mejor de cómo se presentan, porque los colegios son muy antiguos y necesitan inversiones que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha expresado el secretario de Educación del PSOE de León, Javier Campos.
Los socialistas han afeado que el Gobierno autonómico haya querido presumir de las obras de adaptación de las aulas destinadas al ciclo de adaptación de 0 a 3 años, en concreto a la implementación del curso para los niños de 1 a 2 años, ya que se trata de acciones supeditadas a la nueva ley educativa LOMLOE, impulsada por el PSOE.
“El PSOE de León, sistemáticamente, ha propuesto en las Cortes durante décadas la educación de cero a tres años, pero la derecha se ha negado una y otra vez, de forma reiterada, protegiendo los negocios privados hasta que una ley como la LOMLOE, sacada adelante por los socialistas, ha obligado a la Junta de Castilla y León a establecer esta etapa educativa”, ha subrayado Campos.
“Esta ley ha supuesto un motor de cambio social, que garantiza, por un lado, una medida de igualdad entre niños y niñas que desde los cero años disfrutan de los mismos estímulos, cuidados y garantías de progreso e igualdad y, por otro, una medida de conciliación para los padres y madres. Ambas medidas, con marca PSOE, no tienen precedentes en España”, ha destacado el político berciano.
En este sentido, Campos, ha puesto en valor el Gobierno de Pedro Sánchez, que a través de fondos europeos ha derivado a Castilla y León 600 millones de euros, de los cuales 30 millones van a parar para estas adaptaciones en colegios.
“Exigimos transparencia en el gasto de esos 30 millones de euros, y que se invierta hasta el último céntimo, para estos menesteres en centros públicos, que es lo que obliga la Comunidad Económica Europea”, ha sentenciado Campos, insistiendo en “la garantía del acceso universal e inclusivo según el espíritu de la ley y el derecho de los padres y de las madres a elegir el centro donde se van a educar sus hijos e hijas”, tras la fundada sospecha de que hay centros con matrículas donde no se están llevando a cabo las adaptaciones y, por el contrario, se están realizando obras en otros donde no existen matrículas.
