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La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha fijado posición en la Proposición No de Ley presentada por Vox y dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, delatando la falta de rigor general y unos antecedentes “plagados de falsedades y con escaso rigor jurídico constitucional”.
En referencia al traslado de presos conflictivos a otros lugares de España, Sacristán ha recordado que en el País Vasco existe una falta de plazas evidente, pero que está prevista la construcción de un nuevo centro penitenciario en Guipúzcoa que incrementará en más de 300 plazas el sistema penitenciario vasco.
Además, la procuradora socialista ha acusado a Vox de “propagar bulos y de mentir” porque no sólo hay peticiones de presos con delitos terroristas, como tampoco es cierto que solo se envíen internos a los centros de Castilla y León, argumentando que “la ley general penitenciaria establece que los internos deben cumplir sus condenas lo más cerca posible de su entorno social, dado que el fin de las penas es la reinserción”.
En cuanto a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, Sacristán ha aclarado que “llegan tarde”. “La reforma de este artículo depende de que los grupos parlamentarios en el Congreso apoyen la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, admitida a trámite, y que en la actualidad se encuentra en periodo de enmiendas”.
De la misma forma, la parlamentaria leonesa ha advertido que referente a la creación de un estatuto propio para los funcionarios de prisiones, los sindicatos más representativos del colectivo y el Gobierno de España llevan tiempo trabajando en el desarrollo de una nueva ley de cuerpos que dote de las mejoras laborales que merece el colectivo.
En este sentido, Sacristán ha declarado que el Gobierno de Sánchez, a diferencia de la derecha, está aprobando “las mayores ofertas de empleo público en instituciones penitenciarias desde 2011, con tasas de reposición superiores al 110%, y con un plan por importe de más de 1.000 millones de euros para mejorar los centros penitenciarios y subida salarial de los funcionarios”.
