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Desde hace años las normas europeas vienen marcando unos objetivos en cuanto a la reducción de los residuos que generan los ciudadanos, priorizando su puesta en valor e impulsando las operaciones de recogida selectiva, separación, reciclaje y reutilización. En este contexto, la nueva Ley de Residuos, aprobada en abril de 2022, vuelve a insistir en estos conceptos, estableciendo como obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y, más en concreto, para los residuos textiles, residuos domésticos peligrosos (pinturas, productos de limpieza, lámparas, residuos eléctricos y electrónicos, etc.) y aceites de cocina, que deben entregarse por los usuarios, recogerse por los Ayuntamientos y tratarse por los gestores autorizados, de forma separada, antes de diciembre de 2024.
El cumplimiento de tales determinaciones, sin duda, provocará cambios en la gestión del servicio público, tanto para las Administraciones responsables (que deben proporcionar puntos de recogida y acercarlos a los usuarios, gestionando de manera adecuada los nuevos flujos generados) como para los ciudadanos en general, que deberán cumplir con medidas de separación y preparación para la reutilización de todas estas fracciones de residuos.
A la vista de la nueva ley, el Procurador del Común inició varias actuaciones de oficio y solicitó información a todos los municipios de Castilla y León de más de 5.000 habitantes y a las Diputaciones provinciales, para examinar, más profundamente, la labor que se viene realizando por parte de las administraciones responsables en esta materia, labor que, por lo general, cumple de manera adecuada con los requerimientos que implica la prestación de este servicio esencial, ofreciéndose la posibilidad de recogida diferenciada de este tipo de residuos en prácticamente la totalidad de localidades de mayor tamaño de nuestra Comunidad. Pero se considera que aún hay margen de mejora, por lo que se han remitido resoluciones a las distintas administraciones, en un intento por contribuir a paliar algunas de las deficiencias detectadas. En concreto, Tomás Quintana se ha dirigido a todos los Ayuntamientos de más de 5000 habitantes de nuestra Comunidad para que valoren la posibilidad de aprobar un Plan de prevención y gestión de residuos urbanos, que analice el volumen y naturaleza de los producidos en cada término municipal y, atendiendo a sus características, garantice la adecuación de los circuitos de recogida, de los espacios de ubicación de los contendedores y de los medios humanos y materiales que se emplean en el servicio.
Por otra parte, se ha instado a las mismas entidades locales a examinar el número de puntos limpios de los que disponen y el volumen de residuos admisible en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los nuevos flujos previstos y el incremento en la recogida selectiva que se pretende alcanzar. Además se llama su atención sobre la dispersión y envejecimiento poblacional en nuestra Comunidad que implica, a juicio del Procurador, que las administraciones deban adoptar medidas concretas dirigidas a acercar estos servicios a los vecinos, singularmente y en relación con la recogida de estas fracciones, mediante la implantación de puntos limpios móviles o el establecimiento de sistemas de recogida puerta a puerta.
El Procurador del Común de Castilla y León recuerda, además, que deben profundizar en la realización de campañas de sensibilización social y educación, que promuevan una participación más activa en la implantación de estas nuevas recogidas, al tiempo que se anima a la separación domiciliaria de los residuos generados.
Por último, se ha instado a todos los ayuntamientos que participaron en estas actuaciones de oficio a adoptar medidas dirigidas a minimizar las molestias que eventualmente se puedan generar por la instalación de un mayor número de contenedores en la vía pública, examinando con especial detenimiento los criterios específicos que se deben atender para la ubicación de los dispositivos de recogida de aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos (dispositivos cerrados situados sobre plataformas estables e impermeables, alejadas de cauces de agua, etc.).
En cuanto a las Diputaciones provinciales, las recomendaciones formuladas se han dirigido a instar a estas entidades a articular los mecanismos que permitan la implantación generalizada y en los plazos previstos de las recogidas selectivas a las que se refieren las actuaciones de oficio, prestando la correspondiente colaboración económica, técnica y jurídica a las administraciones locales que así lo requieran para que puedan cumplir con las previsiones establecidas en la Ley. Con ese objetivo, se ha pedido a las instituciones provinciales que colaboren con las entidades locales, en particular las de menor tamaño, en la aprobación o modificación de las ordenanzas reguladoras o en la elaboración de planes locales de gestión de residuos, de manera que se favorezcan los objetivos de la Ley, esto es la prevención, minimización, reciclaje y puesta en valor de los residuos que se generen.
El Procurador del Común considera que a esta labor también pueden contribuir las Diputaciones favoreciendo la creación y el mantenimiento de puntos limpios, teniendo en cuenta para ello el aumento del volumen de recogida selectiva que se pretende alcanzar. Por último, se recomienda que incrementen la colaboración con los pequeños ayuntamientos y mancomunidades en la realización de campañas de sensibilización y educación ciudadana, al igual que hemos hecho en la resolución formulada a los ayuntamientos de mayor tamaño.
Puesto que los requerimientos plasmados en la Ley de Residuos se dirigen a todas las Administraciones que resultan competentes en la materia, independientemente de su tamaño, se ha considerado que para su cumplimiento resulta fundamental la labor que desarrollan las Mancomunidades de municipios, puesto que en gran medida son las entidades que tienen encomendada la prestación del servicio en los municipios medianos y pequeños en nuestra Comunidad.
Por esta razón también a ellas se trasladarán en breve las recomendaciones, en un intento de llegar a todas las Administraciones con responsabilidades en la prestación de este servicio esencial en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, implicándolas en el cumplimiento de los objetivos pretendidos con la tramitación de estas actuaciones de oficio, que son, fundamentalmente, conseguir que todos los ciudadanos puedan recibir un servicio de recogida de residuos urbanos de calidad, con independencia de cual sea su lugar de residencia, al tiempo que se mejora y beneficia la gestión global de los residuos mediante la reducción del volumen de los que acaban en la planta de tratamiento y/o en el vertedero, evitando también el abandono o el depósito inadecuado, contribuyendo con ello a la mejora del medio ambiente, con incidencia directa en la calidad de vida y en la salud de la ciudadanía.
