Las cuentas de la Diputación de León se han convertido en el nuevo gran frente de batalla político en la provincia. La presentación de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 en la reciente Comisión de Cuentas ha servido de munición para el Partido Popular, que ha lanzado una dura ofensiva contra el equipo de gobierno formado por PSOE y UPL, acusándoles de una evidente «incapacidad de gestión».
La cifra que ha encendido las alarmas en las filas populares es contundente: 59 millones de euros en inversiones reales se han quedado en el cajón sin ejecutar. Según el balance oficial del cierre del año, las obligaciones reconocidas apenas superan los 21 millones de euros, a pesar de que la partida definitiva para inversiones reales ascendía a 80,3 millones de euros (28 millones del presupuesto inicial más 52,3 millones incorporados a lo largo del año procedentes de remanentes anteriores).
En la práctica, esto significa que la institución provincial solo ha sido capaz de invertir uno de cada cuatro euros que tenía previstos para el desarrollo de la provincia. «Las inversiones reales son las que realmente decide y ejecuta la Diputación», ha remarcado el portavoz del grupo popular, David Fernández. Para el dirigente del PP, estas cifras «representan el pulso del equipo de gobierno y muestran la voluntad política de poner en marcha iniciativas».
La realidad frente al «gasto autorizado»
Desde el Partido Popular consideran que estos datos desmienten frontalmente el relato de la coalición gobernante. Fernández ha cargado contra el diputado de Hacienda, el socialista Santiago Dorado, quien durante la presentación de las cuentas para 2026 presumió de situar el gasto autorizado en un 65%.
El portavoz popular ha calificado este porcentaje de espejismo administrativo, recordando que autorizar un gasto no equivale a ejecutar una obra. «Gasto autorizado es la renovación del nuevo telesilla de Leitariegos o la carretera de San Martín de Moreda, de la que se ha perdido la subvención de la Junta, y no se han iniciado», ha ejemplificado Fernández, advirtiendo de que, a la luz de los datos cerrados, el remanente de tesorería volverá a ser «histórico».
El análisis del PP va más allá del capítulo de inversiones. El nivel global de ejecución apenas alcanza el 54% de un presupuesto total que rondaba los 460 millones de euros, una cifra teórica de la que, según la oposición, «saca pecho» el equipo de gobierno pero que no aterriza en los municipios. Como prueba de ello, apuntan a las transferencias de capital (donde se enmarca el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios, PIOS), que no llegaron a consumir ni la mitad de los 144 millones presupuestados.
Una «mala planificación» millonaria
Las críticas de la oposición también apuntan a las partidas ordinarias. El Partido Popular destaca que se han dejado sin gastar más de 10 millones de euros en el capítulo de personal y más de 41,4 millones en gasto corriente y compra de bienes.
Para Fernández, este atasco burocrático y ejecutorio demuestra que la actual alianza de PSOE y UPL «no es la adecuada para liderar la institución provincial ni para convertirla en la locomotora de la economía». Los populares contraponen esta situación a la herencia económica de su etapa de gobierno, recordando que en 2018 lograron cancelar por completo la deuda provincial.
«La muestra palpable de la incapacidad de gestión de PSOE y UPL es que el presupuesto crece cada año y hay más recursos, pero al concluir el ejercicio vemos que el destino final es aumentar los remanentes, no invertirlo en los pueblos de la provincia», ha sentenciado el portavoz conservador. Una parálisis millonaria que, a puertas de un nuevo ciclo presupuestario, augura una intensa fiscalización desde la bancada de la oposición.
