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Para la Consejería de Sanidad, los médicos y enfermeros de área son personal sanitario retribuido en función de las horas que presta en los consultorios rurales y en los Centros de Salud, y cuyas jornadas no están programadas o, si lo están, se van modificando en función de las necesidades que se presenten. De esta forma, supone un importante problema de conciliación familiar y laboral para ellos, cuando además su actividad está condicionada por unas necesidades sanitarias cuya previsión es muy cortoplacista.
De esta manera, los profesionales de área consideran insuficientes las propuestas de la Consejería de Sanidad, ya que no solucionan la problemática organizativa en los Centros de Salud, resultando además insuficientes para atraer nuevos profesionales, de forma que se pueda garantizar una adecuada continuidad asistencial en Atención Primaria de calidad y a largo plazo.
Resulta ahora inevitable recordar cómo la Consejería de Sanidad pretendía la eliminación de las plazas “de área” al inicio de la legislatura y, al contrario de como era previsto, se han llegado a convertir en el contrato más recurrente durante la pandemia por COVID-19 de todas las realizadas en Castilla y León, habiendo sido el tipo de vinculación laboral que ha permitido la vacunación poblacional masiva a través del personal de enfermería, el mismo personal que ahora será cesado viéndose obligado de nuevo a buscar una contratación estable fuera de Sacyl.
El programa de la Consejería de Sanidad sobre la regulación de la jornada de estos profesionales tampoco supone una ayuda para la fijación del personal en nuestra sanidad. De hecho, la intención de la citada Consejería es crear personal dedicado únicamente a la atención urgente en los núcleos urbanos y seguir manteniendo a los médicos y enfermeros de área, como en la actualidad, en los núcleos rurales. Esta intención tiene difícil fundamentación en gestión pública, debido a las dificultades laborales generadas en los últimos años, las continuas reclamaciones y demandas judiciales, y las movilizaciones de estos trabajadores de Sacyl reclamando una adecuación de su ambigua regulación laboral.
Con motivo de estos últimos cambios organizativos que pretende implantar la Consejería de Sanidad, y en base en el estudio de eficiencia realizado en 2020 por la Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (AMEACYL), entre cuyas conclusiones se evidenciaba un potencial ahorro presupuestario anual de 65 millones de euros a través de un modelo alternativo de gestión del personal más eficiente que el actual, dicha asociación ha convocado una Asamblea Extraordinaria el próximo 9 de Noviembre en Valladolid a la que asistirá también el asesor jurídico de la misma con el fin de informar a los profesionales afectados.
