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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó en agosto de 2017 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), con sede en Luxemburgo, un recurso de anulación contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) por la que se aprobó la resolución del Banco Popular y su venta al Banco Santander por el irrisorio precio de un euro.
La razón que motivó a OCU a presentar ese recurso fue la denegación de la JUR de acceso completo a la documentación en la que se basaron para adoptar aquella Decisión que expropió los ahorros de 350.000 consumidores, vulnerando así el derecho que asiste a toda persona a conocer con claridad y precisión la documentación soporte de cualquier decisión que le afecte de una institución de la Unión Europea.
En la vista celebrada hoy, OCU deja patente que, si el informe de Deloitte que fundamentó esa Decisión de la JUR sigue escondido casi cuatro años después en algún cajón del Banco Central Europeo, ello solo puede deberse a que el citado informe fuera a todas luces insuficiente y carente de toda consistencia para adoptar tal decisión o bien, que adoleciera de algún defecto formal que provocara su anulación por la imposibilidad de subsanación.
OCU espera que, tras esta vista, el Tribunal resuelva en favor de los consumidores afectados y de una vez por todas obligue a las instituciones europeas a desvelar porqué fueron expropiados sin justiprecio de su inversión
Con todas estas acciones, OCU cumple su compromiso con los afectados de defender en todas las instancias posibles los intereses de los 350.000 pequeños accionistas que se vieron afectados por la quiebra de Banco Popular.
