Periódico de León Digital / Ahora León / CTR
Los pueblos afectados por la proximidad del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega han mantenido una reunión con motivo de la presentación de recursos y cuantas acciones sean necesarias en el proceso de ampliación de las instalaciones en la planta provincial, con la ejecución del segundo vaso de vertido que impulsan la Junta de Castilla y León y el consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul).
Los representantes de municipios y pedanías afectados, junto a la Plataforma para una Gestión de Residuos Eficaz y Sostenible, se dieron cita en el Ayuntamiento de Villares de Órbigo para dejar claro que, preocupados por el impacto medioambiental en los vecinos, siguen “estando alerta, exigiendo plenas las garantías y barajando cuantas acciones, incluidas administrativas y legales, sean necesarias para defender nuestro intereses”.
Las entidades que mantienen activa su unión son los ayuntamientos de Villamejil, Turcia, Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo y San Justo de la Vega, así como las juntas vecinales de Villares de Órbigo, Quintanilla del Valle, Valdeiglesias, Antoñán del Valle, Santibáñez de Valdeiglesias, Vega de Antoñán, San Feliz de Órbigo y Estébanez de la Calzada. A todos ellos se suma desde el principio la Plataforma para una Gestión de Residuos Eficaz y Sostenible.
En la última reunión, en la que se valoraron acciones en el actual proceso administrativo que se sigue para ejecutar el nuevo vaso de vertido, quedó patente su interés en que “todo este nuevo proceso se haga con absolutamente todas las garantías ambientales” para que jamás ocurra lo mismo que desde el principio de la construcción del CTR, que ha provocado y sigue provocando vertidos y una absoluta falta de gestión eficiente, de la que da buena muestra la necesidad del segundo vaso casi en la mitad de tiempo previsto porque el primero “está más que colapsado”.
El frente común exige “que se pongan soluciones definitivas” a esta situación sufrida durante años y que el proceso de ampliación de la planta, que multiplicará su vida útil y por tanto el riesgo potencial para las poblaciones próximas, se haga de manera que “blinde la seguridad” en el entorno y “blinde también la gestión sostenible” dentro del propio CTR.
Porque de no darse esas garantías, este frente garantiza estar “dispuesto a tomar cuantas medidas consideremos oportunas” para frenar “un posible nuevo atentado de gravedad” y “una verdadera estafa a toda la provincia”, en la que se cobra a todos los vecinos y empresas por un sistema de reciclaje y gestión que no se ha producido.
