La propuesta establece un plazo inicial de 45 años para mantener los documentos clasificados, con la posibilidad de prorrogarlo por 15 años adicionales, hasta un máximo de 60 años, en casos excepcionales y justificados. Una de las novedades más importantes es la desclasificación automática una vez que se cumple el plazo establecido.
Además, la ley contempla una excepción crucial: la información relacionada con graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada, garantizando así su transparencia y acceso público
Niveles de clasificación y régimen sancionador
La nueva normativa define cuatro niveles de clasificación: «Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido». Cada categoría tendrá un período de protección específico, dependiendo del riesgo asociado a su divulgación.
En cuanto a las sanciones, la ley incorpora un «régimen sancionador administrativo» para quienes divulguen información clasificada sin autorización. Las multas oscilarán entre 30.000 y 2,5 millones de euros, lo que representa un enfoque más equilibrado en comparación con el sistema anterior, que solo preveía penas de prisión. También se tendrá en cuenta el derecho a la libertad de información al graduar las sanciones.
Supervisión y transparencia
Para asegurar la correcta aplicación de la ley, se creará la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Este organismo, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, supervisará los procedimientos de clasificación y desclasificación, garantizando la transparencia y la seguridad.
Con esta ley, España busca modernizar su marco legal en materia de información clasificada, buscando un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la información.
