La normativa europea de antimicrobianos comenzará a aplicarse a las importaciones afectadas el próximo 3 de septiembre de 2026. A pocas semanas de esa fecha, ASAJA reclama que los productos procedentes de terceros países cumplan las mismas condiciones que se exigen a los ganaderos europeos.
La organización agraria dirige su petición especialmente hacia Brasil. El país sudamericano no figura en la lista actualizada de proveedores que han aportado garantías suficientes sobre el cumplimiento de las restricciones comunitarias.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189 establece que los animales y productos de origen animal importados no pueden proceder de sistemas que utilicen antimicrobianos para promover el crecimiento o aumentar el rendimiento. Tampoco permite el empleo de sustancias reservadas para tratar determinadas infecciones en personas. Estas condiciones serán exigibles desde septiembre.
Brasil queda fuera de la lista europea
La decisión sobre Brasil se conoció en mayo y quedó formalizada en junio con la publicación del nuevo reglamento. La Comisión Europea no incluyó al país para determinadas exportaciones de vacuno, equinos, aves de corral, acuicultura, huevos, miel y tripas naturales.
Brasil podrá recuperar la autorización cuando presente garantías verificables y demuestre que cumple las exigencias comunitarias. Hasta entonces, las mercancías afectadas no podrán acceder al mercado europeo una vez concluido el periodo transitorio.
La Comisión Europea recuerda que los animales y alimentos procedentes de fuera de la Unión solo pueden entrar en el mercado comunitario cuando el país exportador aparece en los listados correspondientes. Además, sus autoridades deben acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
Según cifras gubernamentales brasileñas difundidas por EFE, la restricción puede afectar a un intercambio comercial cercano a los 1.800 millones de dólares anuales, equivalentes a unos 1.550 millones de euros.
ASAJA critica la posición del Gobierno
La reacción de ASAJA llega después de las declaraciones realizadas el 16 de julio por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, durante una visita a São Paulo.
La representante del Gobierno trasladó la disposición de España a colaborar con Brasil para que pueda aportar las garantías de trazabilidad necesarias y superar las actuales restricciones europeas.
ASAJA considera contradictorio que España defienda en Bruselas la reciprocidad y las denominadas cláusulas espejo mientras, al mismo tiempo, facilita que Brasil vuelva a acceder al mercado comunitario.
No obstante, la exclusión de Brasil y la política comercial con Mercosur siguen procedimientos jurídicos diferentes. La organización agraria admite esa separación formal, pero sostiene que ambos asuntos afectan a una misma cuestión: las condiciones bajo las que se producen los alimentos que llegan a Europa.
Las mismas reglas para todos los productores
La organización defiende que cualquier apertura comercial debe apoyarse en controles efectivos. A su juicio, los agricultores y ganaderos europeos no pueden competir en igualdad de condiciones cuando las mercancías importadas se producen con requisitos distintos.
ASAJA ya había advertido durante los últimos meses de las consecuencias que puede tener la falta de reciprocidad en ámbitos como la sanidad animal, la seguridad alimentaria, el bienestar ganadero o la trazabilidad.
El debate también afecta a las explotaciones ganaderas de León. Los productores de la provincia deben adaptar su actividad a las normas comunitarias, asumir controles y registrar los tratamientos veterinarios. Por ese motivo, el sector reclama que las mismas garantías acompañen a los alimentos importados.
La organización agraria no se opone a que Brasil vuelva a la lista de países autorizados. Sin embargo, exige que esa reincorporación solo se produzca después de comprobar, de forma documentada, que el país cumple la normativa europea de antimicrobianos.
A partir del 3 de septiembre, la trazabilidad y la certificación sanitaria serán determinantes. Para ASAJA, la reciprocidad no debe quedar en una declaración política, sino convertirse en una condición obligatoria para acceder al mercado europeo.
