La Junta de Castilla y León ha presentado un bloque de 15 compromisos para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reducir los trámites administrativos y reforzar la interlocución con los profesionales del sector.
El programa incluye hasta 200 millones de euros en préstamos preferentes, una partida de 15 millones para seguros agrarios, la modernización o transformación de 30.000 hectáreas de regadío y la declaración de utilidad pública de 150.000 nuevas hectáreas de concentración parcelaria.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, expuso estas medidas durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de las Cortes autonómicas. Allí presentó las líneas de actuación previstas para la XII Legislatura.
La hoja de ruta tendrá efectos sobre el conjunto de Castilla y León y contempla actuaciones vinculadas directamente con la provincia leonesa. Entre ellas aparece el impulso a proyectos de regadío en el Canal Bajo del Bierzo, además de medidas sobre incorporación de jóvenes, sanidad animal, industrias agroalimentarias y desarrollo rural.
Menos trámites para agricultores y ganaderos
La reducción de la burocracia será uno de los ejes centrales de las medidas para el campo de Castilla y León. La Consejería revisará sus procedimientos para eliminar documentación innecesaria y evitar que los profesionales tengan que presentar datos que ya están en poder de la Administración.
También pretende ampliar el uso de declaraciones responsables y acortar los plazos de convocatorias, autorizaciones y resoluciones. Además, publicará con antelación los calendarios de ayudas, pagos y procedimientos.
Según explicó Pino, el objetivo es que agricultores y ganaderos puedan dedicar más tiempo a sus explotaciones y menos a completar trámites administrativos.
La digitalización, añadió, deberá facilitar la gestión y no generar nuevos obstáculos. Por ello, la Junta mantendrá la atención presencial en las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades Veterinarias y las oficinas vinculadas al desarrollo agrario.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico defenderá que el Cuaderno Digital de Explotación no sea obligatorio. También prevé aprobar una nueva orden de trazabilidad animal para reducir duplicidades en los registros ganaderos.
Hasta 200 millones de euros en préstamos
El Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común mantendrá 26 millones de euros destinados a garantías. Esta cantidad permitirá movilizar hasta 200 millones de euros en financiación preferente.
La Junta modificará su regulación para bonificar completamente los intereses de los préstamos solicitados por jóvenes que se incorporen por primera vez a la agricultura o la ganadería.
Además de la ayuda económica inicial, los nuevos profesionales tendrán acceso a asesoramiento técnico, formación empresarial y proyectos de innovación desarrollados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
El propósito, según la Consejería, será consolidar explotaciones viables y duraderas, en lugar de limitar las políticas de relevo generacional al número de expedientes aprobados.
Pagos pendientes y ayudas frente a las crisis
La Administración autonómica se ha marcado como objetivo abonar antes de finalizar septiembre 836.750 euros en ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica.
También prevé liquidar las cantidades pendientes relacionadas con la sequía y las líneas de bonificación financiera. A estas actuaciones se sumará el intento de desbloquear otros 294.000 euros procedentes de convocatorias anteriores.
La Consejería reorientará, además, 2,5 millones de euros de fondos propios para atender necesidades urgentes de diferentes sectores ganaderos.
En materia de seguros, Castilla y León mantendrá durante 2026 una dotación de 15 millones de euros para seguros agrarios. La Junta reclamará mejores coberturas, rendimientos asegurables ajustados a la producción real y la creación de un seguro de rentas.
También estudia una línea específica de apoyo para la compra de fertilizantes ante el encarecimiento de los abonos.
Una PAC centrada en los profesionales
El Gobierno autonómico defenderá que la Política Agraria Común posterior a 2027 mantenga un presupuesto suficiente y reduzca sus exigencias administrativas.
La propuesta dará prioridad a agricultores y ganaderos profesionales. Además, pedirá que la despoblación y la dispersión territorial se tengan en cuenta al repartir los fondos europeos.
La Junta también defenderá el mantenimiento de las ayudas asociadas para sectores como la ganadería extensiva, el sector lácteo y la remolacha.
En relación con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el consejero reiteró la oposición del Ejecutivo autonómico mientras no se establezcan cláusulas espejo. Estas condiciones pretenden que los productos importados cumplan requisitos sanitarios, laborales y ambientales equivalentes a los exigidos a los productores europeos.
Apoyo al vacuno, el ovino y los cultivos estratégicos
Las nuevas medidas para el campo de Castilla y León consideran prioritarios sectores como el vacuno, el ovino y caprino, la remolacha, la patata, la apicultura, el viñedo y las producciones hortícolas.
También se respaldarán los cultivos forrajeros y las leguminosas. La Consejería ha señalado que apoyará tanto la ganadería extensiva como la intensiva por su peso económico y su importancia para la industria agroalimentaria.
El Instituto Tecnológico Agrario reforzará su trabajo en investigación y transferencia de conocimiento. Sus proyectos se orientarán a reducir costes, aumentar los rendimientos y resolver problemas concretos de las explotaciones.
Asimismo, continuará la ejecución del Plan Estratégico de la Industria Alimentaria 2024-2028, que dispone de 438 millones de euros. La Junta también publicará estudios de costes de producción para los sectores considerados más vulnerables.
Regadíos y concentración parcelaria
La modernización del regadío será otra de las prioridades. La Junta prevé actuar sobre 30.000 hectáreas durante la legislatura en colaboración con el Gobierno central y las comunidades de regantes.
Las obras incorporarán automatización, sensores, control remoto y sistemas de riego de precisión. Estas tecnologías buscan ahorrar agua, reducir el gasto energético y facilitar la implantación de cultivos con mayor valor añadido.
Entre las áreas mencionadas se encuentra el Canal Bajo del Bierzo, una infraestructura de especial relevancia para el sector agrario de la provincia de León.
También se contemplan actuaciones en el Bajo Carrión, Páramo Bajo, Payuelos, El Carracillo, La Armuña y el valle del Valdavia.
En materia de concentración parcelaria, la Consejería declarará de utilidad pública 150.000 nuevas hectáreas. Además, modificará la Ley Agraria para agilizar 37 proyectos promovidos por iniciativa privada, que afectan a cerca de 51.000 hectáreas.
Obras y apoyo al desarrollo rural
El programa incluye una dotación extraordinaria de 6,64 millones de euros para licitar quince obras relacionadas con caminos, infraestructuras agrarias, depósitos de agua y balsas ganaderas.
La Junta también reforzará el funcionamiento de los 44 Grupos de Acción Local. Para ello, aplicará sistemas simplificados de costes con el propósito de reducir el tiempo dedicado a la justificación administrativa.
El relevo generacional estará ligado al acceso a la tierra, la financiación y la formación técnica. Las políticas también buscarán reforzar el papel de las mujeres rurales y ampliar la titularidad compartida de las explotaciones.
Más recursos para la sanidad animal
La Consejería solicitará una ampliación presupuestaria superior a cinco millones de euros para pagar indemnizaciones derivadas de sacrificios obligatorios ante crisis sanitarias.
Destinará además 650.000 euros a la vacunación frente a la salmonela, 400.000 euros al Centro Autonómico de Control Lechero y dos millones de euros a los libros genealógicos.
También se creará un Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria. Este grupo podrá desplazarse ante brotes y alertas que afecten a explotaciones ganaderas.
La vigilancia se centrará especialmente en enfermedades como la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica.
Control del lobo y de la fauna salvaje
El programa incluye medidas para controlar especies salvajes que puedan provocar daños agrícolas, accidentes o riesgos sanitarios.
En el caso del lobo, la Junta se compromete a agilizar las indemnizaciones y actualizar los baremos conforme al valor de mercado. También estudiará la incorporación del lucro cesante y de los daños indirectos sufridos por las explotaciones.
La Consejería reforzará los controles poblacionales en aquellas zonas donde considere que la presencia del depredador amenaza la continuidad de la ganadería extensiva.
La caza y la pesca serán tratadas como actividades de gestión ambiental y desarrollo económico. Entre otras cuestiones, se regulará el uso de dispositivos nocturnos y térmicos en controles autorizados de especies como el jabalí.
Medio ambiente y actividad económica
La nueva estructura integra agricultura, ganadería, desarrollo rural y política ambiental en una misma Consejería.
El departamento sostiene que la conservación del patrimonio natural debe ser compatible con la producción de alimentos, la inversión empresarial y la permanencia de población en los pueblos.
Por ello, la Junta revisará los procedimientos de autorización ambiental para reducir los tiempos de respuesta. Al mismo tiempo, mantendrá las garantías técnicas y ambientales exigidas por la normativa.
Otra de las líneas será la valorización de purines, estiércoles y otros subproductos para obtener fertilizantes orgánicos, biogás y biometano. La Administración considera que estas iniciativas pueden generar nuevas inversiones e ingresos en el medio rural.
Pino aseguró que la gestión de la Consejería se evaluará a través de resultados concretos: menos trámites, pagos más rápidos, explotaciones rentables y mayor presencia administrativa en el territorio.
