La manifestación partirá a las 11 de la mañana de la plaza de San Marcos y recorrerá la ciudad hasta el Jardín de San Francisco. En el punto de mira, el Real Decreto 666/2023 que regula la dispensación y uso de medicamentos en la clínica veterinaria, así como otras normativas que afectan al uso de los medicamentos veterinarios y que han provocado una escalada de descontento en el sector.
La manifestación, que se replicará en toda España, está avalada por los distintos ámbitos de la profesión veterinaria: Colegios profesionales, asociaciones científicas, empresariales, facultades, sindicatos, asociaciones de veterinarios, organizaciones de estudiantes…
En la presentación de la manifestación han tomado la palabra el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Díez, la presidenta de CEVE León, patronal de las clínicas veterinarias, Blanca Blanco, el presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVet), Manuel Martínez, la decana de la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo, y el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (CONEVet), David González.
Los profesionales denuncian que, con la nueva normativa, se ven con absoluta incapacidad para hacer valer el criterio clínico a la hora de decidir tipos de tratamientos y dosis, se ve incrementada su labor administrativa con una carga burocrática inasumible, se enfrentan a sanciones desorbitadas y reprochan que las legislaciones veterinarias se adopten sin contar con los veterinarios y con un criterio meramente administrativo que pone en riesgo el bienestar de los animales y, por ende, la salud de la población.
Los veterinarios advierten que el Real Decreto tiene consecuencias reales y provoca muertes tanto en las mascotas como en los animales de producción por el retraso en la aplicación del tratamiento adecuado desde el principio:
- Impide adaptar tratamientos a las necesidades de cada paciente “aunque sepamos que es lo correcto”.
- Obliga a usar fichas técnicas desactualizadas, incluso aunque existan estudios científicos más recientes y eficaces.
- Limita a los profesionales en la elección de antibióticos, impone pruebas innecesarias y retrasa tratamientos urgentes, lo que puede costar vidas.
- Obliga a propietarios a recorrer farmacias para conseguir medicamentos, enfrentándose a desabastecimientos, formatos inadecuados o precios más altos.
- Genera sobrantes de medicamentos que favorecen la automedicación, el mercado negro y la contaminación ambiental.
- Carga a las clínicas con trámites administrativos excesivos y sanciones desproporcionadas, que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros.
- Está provocando un abandono creciente de la profesión: muchos veterinarios están pensando en dejar su trabajo por el estrés, la inseguridad jurídica y la imposibilidad de ejercer correctamente.
En definitiva, advierten, esta normativa no protege la salud animal ni la salud pública. “Al contrario, la pone en riesgo”. El colectivo veterinario recuerda además que esto afecta a los propietarios de animales. A este respecto advierten que la normativa retrasa diagnósticos, encarece tratamientos y limita su acceso a medicamentos. “Más de la mitad de los hogares españoles tienen un animal de compañía, y todos están en riesgo si esta situación no cambia”, recuerdan. Los veterinarios explican además que la misma situación, salvo la convivencia en el hogar, se da con los animales de producción “y hacia ellos hacemos extensivo nuestro llamamiento para que se unan a la manifestación”.
El colectivo plantea reivindicaciones “claras y urgentes”:
- La derogación inmediata del RD 666/2023 y del sistema PRESVET, poniendo fin a las sanciones desproporcionadas.
- Poder dispensar directamente en las clínicas la cantidad exacta de medicamentos necesaria para cada tratamiento, a los animales que están bajo nuestro cuidado, como en la mayoría de países europeos.
- Flexibilidad en la prescripción, basada en el criterio clínico y la evidencia científica, no en burocracia ni en fichas técnicas desactualizadas.
- Revisar el tamaño y formato de los envases para evitar desperdicios y riesgos de automedicación.
- Reducir el IVA veterinario al 10% y el de los medicamentos al 4%, porque la salud animal no es un lujo.
- Y, sobre todo, que se escuche a los veterinarios. Que se nos respete como profesionales sanitarios que somos, garantes de la salud animal, la salud pública y el bienestar de toda la sociedad. Solicitamos, en definitiva, nuestro derecho a ejercer nuestra profesión dignamente, con responsabilidad científica y ética, libres de cargas administrativas inútiles y de amenazas de sanciones desproporcionadas que están poniendo en juego vidas animales, la salud de los propios veterinarios y la salud pública en general.
