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El sector del vacuno de leche de la provincia de León ha perdido en los últimos doce meses 8,6 millones de euros si se compara el precio al que ha pagado la industria la leche comprada en la provincia con el precio al que le paga la industria francesa a sus ganaderos. En el periodo de 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019, los ganaderos franceses han cobrado la leche a una media de 34,75 céntimos de euro el litro, mientras que los españoles la cobraron a 31,24 céntimos, según el Observatorio del Mercado de la Leche de la Comisión Europea, por lo que ha habido una diferencia de 3,5 céntimos de euro por litro. Esta diferencia en el precio, con una horquilla de 3 a 5 céntimos de euro, se viene produciendo desde el otoño de 2016.
Con los datos que maneja ASAJA, la provincia de León tiene un censo de 26.200 vacas vacas en lactación, con una producción anual de 245 millones de litros de leche, y un valor de mercado de 76,5 millones de euros. El número de explotaciones que permanecen activas al día de hoy, con entregas de leche, es de 319, representando el 31% de las 1.023 de Castilla y León.
La desventaja competitiva de los ganaderos leoneses y del resto de ganaderos españoles, por vender la leche más barata que los ganaderos franceses, no se compensa por tener unos menores costes de producción, pues los mercados de los cereales y de productos proteicos como la harina de soja, que son la base de la alimentación de las vacas, se rigen por precios internacionales. Más bien cabría pensar en un cierto abaratamiento de la alimentación en el país vecino debido a una climatología más favorable para la producción de pastos y forrajes.
ASAJA pide al ministerio de Agricultura que tome medidas para que los precios de la leche en España, que es un país deficitario, no sean en ningún caso inferiores a los que se pagan en países como Francia o Alemania, netamente excedentarios y por lo tanto exportadores de leche y productos lácteos. ASAJA considera que la industria láctea española carga toda su ineficiencia y falta de competitividad en el sector primario, al comprar la materia prima a precios irrisorios, y está abocando al cierre a todas las explotaciones de tamaño medio y pequeño que pueden ser más ineficientes al no disponer del margen que proporciona la economía de escala.
El Real Decreto 1181/2018 que obliga a identificar el origen de la leche ha sido una medida acertada que no está dando todavía los frutos esperados, y que por sí sola no es suficiente para garantizar una remuneración justa a los productores. Las organizaciones interprofesionales siguen sin fuerza suficiente para llevar a cabo una negociación real de los contratos lácteos, por lo que sigue siendo la industria la que los impone los precios a su libre albedrío.
