Dicha medida consiste en la prohibición de acercarse y de comunicarse con él por cualquier medio o a través de terceras personas hasta que recaiga una sentencia firme.
En un auto dado a conocer y contra el que cabe recurso, la magistrada atiende de este modo a la petición realizada por la Fiscalía de Menores, que el pasado viernes solicitó la adopción de esta medida.
Entiende la juez que la misma “se estima guarda la necesaria proporcionalidad con los hechos que han motivado la incoación del expediente”.
La víctima, de 16 años, va en silla de ruedas y tiene parálisis cerebral.
Por eso, acuerda la adopción de la medida cautelar de prohibición de acercarse al menor, a su domicilio, lugar de estudios o cualquier otro en el que se encontrara, y de comunicarse con el mismo por cualquier medio o a través de terceras personas.
Del mismo modo, acuerda que se comunique la decisión al instituto y a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, “debiendo garantizarse en todo caso el derecho a la educación de los menores expedientados”. Es decir, que seguirán inscritos en algún centro de estudios para no perder la escolarización.
Así fue el caso
Estos 4 alumnos, todos menores de edad, del instituto ‘Leonardo Torres Quevedo’ de Santander, agredieron y humillaron a su compañero con parálisis cerebral.
Al denunciar lo ocurrido la familia del joven agredido, el instituto expulsó a los agresores, pero sólo durante 5 días, el máximo que contempla la ley, y la Consejería de Educación activó el protocolo de acoso.
El joven con parálisis está en «supervisión permanente» durante el horario escolar tal y como dicta el protocolo de acoso. Sus agresores aprovecharon un momento en que estaba solo.
