Ahora León / Noticias de León / Procurador del Común
El Procurador del Común recibió diversas quejas en la que se ponía de manifiesto la necesidad de aumentar el número de intérpretes de lengua de signos, ya que en la actualidad en la provincia de León sólo había dos personas, una a media jornada, para cubrir las necesidades de las personas sordas y sordociegas para acceder a la información y comunicación oral en diversos ámbitos, garantizando su independencia y autonomía en la realización de gestiones.
En Castilla y León, el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española para la vida diaria (SILSE-VD) es ofrecido por Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León con el objeto de eliminar las barreras de comunicación entre usuarios de lengua de signos y usuarios de lengua oral, procurando el entendimiento y acceso a la información en igualdad de condiciones para todas las partes participantes en el proceso comunicativo. Esta financiado desde la Gerencia de Servicios Sociales, mediante una subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) y asociaciones integradas. En el caso de León, según ha informado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el servicio lo presta la Asociación de Personas Sordas de León «San Juan Bautista» que cuenta en la provincia de León con dos Intérpretes de Lengua de Signos, uno a jornada completa y otro a jornada parcial, con la finalidad de cubrir la demanda de los usuarios que lo necesiten, tanto socios como no socios, de León y provincia. A excepción de Ponferrada y la comarca de El Bierzo, donde se cuenta (en la Asociación de Personas Sordas ASORBIER) con otro Intérprete a jornada completa. El servicio se presta bajo demanda, previa cita del usuario, acudiendo el profesional en la fecha y hora fijada para realizar la gestión solicitada. El intérprete se encuentra en la Asociación de Personas Sordas «San Juan Bautista» un día a la semana. En concreto, el miércoles en horario de 11:00 a 13:00 horas para cubrir las solicitudes de los usuarios directamente. Sin embargo, la labor de este Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española para la vida diaria en Castilla y León es cuestionada por los autores de la queja ya que a pesar de ser un servicio público, se mantiene que su prestación se viene restringiendo exclusivamente a los socios y que el número de asociados a dicha Asociación asciende a 55, siendo más de 100 personas las que no son socias, por lo que la prestación del servicio a los no socios deja desasistidas a muchas personas con discapacidad auditiva. Además el 70-80 % de la labor del intérprete se destina a las diversas tareas propias de la citada Asociación en horario matinal, por lo que la posibilidad de solicitar un servicio puntual (para acudir a organismos públicos, médico, revisiones, rehabilitación…) es prácticamente nula. Y solamente se da la opción de pedir cita los miércoles de 11:00 a 13:00 horas, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda existente en León. Asimismo, cuando se solicita el servicio en algún caso urgente no resulta posible disponer de este profesional.
El año pasado esta asociación prestó 784 servicios, disponiendo de un intérprete a jornada completa y otro a jornada parcial para atender las solicitudes de todas las personas, por lo que resultar evidente la falta de profesionales para ofrecer una adecuada asistencia a todas las demandas.
El Procurador del Común considera que la ampliación del número de intérpretes y, consecuentemente, el aumento de las horas del servicio, resultaría prioritaria para la comunidad sorda en la provincia de León. No cabe duda de la necesidad de ofrecer una adecuada estabilidad al Servicio, dotándole de un número apropiado y estable de profesionales que permita cubrir las necesidades de todas las personas sordas en los diferentes ámbitos de comunicación. No podemos olvidar que la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, exige a las administraciones en Castilla y León la supresión de las barreras en la comunicación sensorial, garantizando el derecho a la información y comunicación. Por su parte, la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, impone a las mismas administraciones públicas en la Comunidad la adopción de las medidas necesarias para que las personas con discapacidad dispongan de medios para garantizar su acceso a la información y a la comunicación oral y/o lengua de signos (art. 61.1), promoviendo, entre otras actuaciones, la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos para personas sordas o con discapacidad auditiva en las distintas áreas públicas y privadas (art. 61.2 c). El Servicio en cuestión, pues, debe contar con los recursos profesionales necesarios para eliminar las barreras de comunicación con las que todavía se encuentran tanto las personas sordas como oyentes que comparten códigos comunicativos diferentes.
Por todo ello, el Procurador del Común ha pedido que promoviendo la prestación del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española para la vida diaria (SILSE-VD) con discapacidad auditiva en la provincia de León, se adopten las medidas necesarias dirigidas a aumentar las partidas presupuestarias disponibles para la financiación del servicio, de forma que pueda ampliarse el número de intérpretes y aumentar las horas de su prestación para cubrir las necesidades de todas las personas sordas y oyentes en los diferentes ámbitos de comunicación. Ello sin perjuicio de que pueda considerarse como mejor alternativa la presencia de la figura de estos profesionales en algún organismo público (como el Centro Base o la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León) a disposición de todas las personas afectadas que necesitaran este servicio.
Se puede consultar la resolución completa en la página de la institución: www.procuradordelcomun.es
