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La última vez que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta convocó a todos los grupos políticos del Ayuntamiento a una reunión sirvió de escarmiento. Tras dicha reunión, celebrada en julio del presente año, el Consejero no adoptó ni un solo compromiso en materia de vivienda tal como se los habíamos propuesto, ni facilitó a los grupos políticos la información que le demandamos. En resumen, no hizo nada más que sacarse la foto para su propia propaganda y la del alcalde, Antonio Silván, y se volvió para Valladolid.
En esta ocasión, se convoca, con tres días de antelación, a un acto de firma de un convenio sobre el que desconocemos prácticamente todo. León en Común anuncia que no van a estar presentes en la rúbrica de este documento, ya que sólo han percibido evasivas y oscurantismo de parte de los promotores.
En la anterior reunión, el Consejero Suárez Quiñones, al insistirle en la necesidad de que el Ayuntamiento de León cree un parque público de viviendas, espetó a los grupos políticos que las competencias en materia de vivienda las tiene la Junta y no el Ayuntamiento, y que por tanto no tenía ningún sentido ese supuesto parque público que León en Común pretende que cree el Consistorio. De esta forma zanjó cualquier posibilidad de avanzar en este sentido desde el ámbito local, contradiciendo además la moción en materia de vivienda que aprobó el Pleno municipal por unanimidad en diciembre de 2015.
También recibieron una regañina al preguntar por los pisos de la SAREB, el llamado banco malo, acusándoles de intencionalidad política. Esta sociedad y la Junta tienen firmado un convenio por el que la Junta, previo pago de 660.000 euros, alquila unas cien viviendas en toda la extensión de la Comunidad para ponerlas a disposición de las personas que los necesiten. Bajo la excusa de la confidencialidad, se oculta dónde están esas viviendas. No pretenden saber la dirección exacta, pero sí al menos el código postal para saber cuántas hay en cada municipio. Por ello, dicen que no les queda más remedio que deducir que las viviendas que el Sareb ha puesto a disposición de la Junta se encuentran en municipios pequeños, alejados de núcleos urbanos. Es decir, que muy probablemente se trate de viviendas que el banco malo no sería nunca capaz de vender.
En resumen, que el supuesto consenso no es tal pues no se admite ni la más mínima propuesta o reivindicación, y la transparencia no existe pues solo reciben excusas para negarles cualquier dato de los que piden.
