La historia de los incendios en España es una crónica de veranos abrasadores, paisajes calcinados y la tenaz lucha de miles de efectivos que, año tras año, se enfrentan a un enemigo implacable y cada vez más feroz. Sin embargo, en esta ocasión, la situación ha alcanzado un punto de preocupación extrema, especialmente en nuestra querida provincia de León. La declaración de la Fase de Preemergencia a nivel nacional por parte del Gobierno, una decisión tomada en la madrugada del martes, es un reflejo de la gravedad de los múltiples focos activos que mantienen en vilo a varias comunidades autónomas. Y para nosotros, en León, la alarma es máxima: uno de los incendios más graves del país amenaza el entorno de Las Médulas, un paisaje cultural patrimonio de la humanidad, cuya riqueza histórica y natural pende de un hilo.
La decisión, anunciada por Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, no es un paso menor. La activación de la Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias (PLEGEM) es la respuesta a una realidad innegable: los incendios forestales han superado la capacidad de respuesta de una sola comunidad y requieren la coordinación de recursos a nivel estatal. No se trata de una intervención directa en la gestión, que sigue siendo competencia exclusiva de las autonomías, sino de un mecanismo para optimizar la respuesta, movilizar activos de la Administración General del Estado y reforzar la comunicación entre todos los actores implicados. El CENEM, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, se ha puesto en marcha para monitorizar la situación con una precisión quirúrgica, anticipando la posible evolución de las llamas.
Un escenario de coordinación y esfuerzo
La urgencia del momento ha motivado la convocatoria de una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), en el que se darán cita representantes de ministerios clave como Transición Ecológica, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL). Este cónclave tiene un objetivo claro y vital: evaluar la situación actual, alinear estrategias y tomar las decisiones adecuadas para hacer frente a la crisis. Es un ejemplo de la respuesta coordinada que exige una amenaza de esta magnitud, donde la colaboración y la sinergia entre administraciones son la única vía para mitigar el desastre.
Esta activación de recursos estatales se enmarca en el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales aprobado el 10 de junio. Un plan que el Consejo de Ministros ha dotado de un incremento presupuestario superior a los 115 millones de euros, enfocados principalmente a la prevención y limpieza del monte. El Gobierno ha comprendido que la lucha contra el fuego no empieza cuando se detecta el primer foco, sino en los meses previos, con una gestión forestal que reduzca la carga de combustible que alimenta las llamas. Es una lección dolorosa que, con el tiempo, hemos ido aprendiendo.
El dispositivo de respuesta rápida que se despliega es impresionante. Contamos con un contingente de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una fuerza de élite que ha demostrado su valía en innumerables ocasiones. A esto se suma una flota aérea estatal de 14 aviones apagafuegos y otras 63 aeronaves coordinadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Es un despliegue de músculo y logística que se complementa con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que serán el brazo ejecutor en el terreno, luchando contra las llamas codo a codo con los efectivos autonómicos.
La tecnología al servicio de la prevención y la justicia
En este contexto de emergencia, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental. La AEMET proporcionará informes diarios sobre el riesgo de incendios, una herramienta esencial para la anticipación. Los drones serán el ojo que vigila el cielo, monitoreando áreas de alto riesgo, detectando focos incipientes y ayudando a los equipos en la toma de decisiones. Es una inversión inteligente en prevención, que nos permite estar un paso por delante del fuego.
Pero no todo es lucha en el monte. La Fiscalía de Medio Ambiente ha redoblado su vigilancia, supervisando el cumplimiento de los planes municipales y llevando a cabo investigaciones penales cuando sea necesario. A su lado, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, centrará sus esfuerzos en identificar las causas y a los responsables de los siniestros. Es un mensaje claro: la negligencia y la intencionalidad no quedarán impunes. Porque, a pesar de que algunos incendios tienen un origen natural (rayos), la mayoría de los siniestros son provocados por la mano del hombre. Actos de negligencia, como quemas agrícolas mal controladas, colillas arrojadas al monte o accidentes, son la causa principal del desastre.
Como periodistas, nuestra labor es informar, pero también alertar y generar conciencia. La extrema precaución que ha pedido el Ejecutivo no es un consejo, es un imperativo moral y cívico. Proteger nuestro entorno es responsabilidad de todos. Ver cómo el fuego amenaza a Las Médulas, un tesoro que nos conecta con nuestra historia y nuestra tierra, debería ser una llamada de atención para toda la sociedad leonesa. El futuro de nuestro patrimonio, de nuestros bosques y de nuestra forma de vida depende de la actuación coordinada de las autoridades y, sobre todo, de la conciencia y la responsabilidad individual. El fuego no entiende de fronteras, y solo con un esfuerzo conjunto lograremos contenerlo.
