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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades critica que un anteproyecto de ley con tanta transcendencia en la sociedad y que interfiere en las competencias de las comunidades autónomas no se haya debatido en grupos de trabajo y en las comisiones técnicas previas al Consejo Territorial de Servicios Sociales, como viene siendo habitual por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Asimismo, denuncia que no sólo se incumplen estos procedimientos ordinarios, sino que, además, se convoca un Consejo Territorial extraordinario el 3 de enero de 2023 teniendo conocimiento del documento el 23 de diciembre de 2022, lo que supone que las comunidades han tenido cuatro días hábiles para estudiar un contenido de especial envergadura.
Por otra parte, considera inadmisible que las alegaciones se deban realizar a través del correo electrónico sin que se sometan a debate y sin que se reciban las correspondientes respuestas del Ministerio de forma presencial, como se ha hecho recientemente, el 21 de diciembre, en el anterior Consejo Territorial convocado para analizar otros asuntos.
En cuanto al contenido del documento, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades considera que no sólo afecta a los órganos con competencia en materia de familias, sino también a los competentes en materia de infancia, dependencia, educación, sanidad o vivienda, por lo que resulta imprescindible contar con sus alegaciones y comentarios en cada órgano o comisión estatal de participación de las comunidades autónomas correspondiente, en función de la materia.
Alegaciones al anteproyecto de Ley de Familias del Gobierno de España
Por todo ello, los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han presentado las alegaciones al anteproyecto de Ley de Familias que está tramitando el Gobierno de España. El departamento que dirige Isabel Blanco sostiene que el texto incurre en una invasión de las competencias que tienen las comunidades en materia de familia y que, por lo tanto, debe modificarse su contenido, ya que vulnera las competencias autonómicas.
Por otro lado, el texto elimina la regulación estatal y la referencia a las familias numerosas. En este sentido, la Consejería de Familia considera que no se puede hacer desaparecer de forma intencionada la regulación de este tipo de familias, que deben ser protegidas y promocionadas, despojándolas del reconocimiento y de los beneficios reconocidos actualmente en la legislación estatal.
Además, critica que el anteproyecto incurre en previsiones que generan desigualdad entre los ciudadanos y, en otros casos, pueden vulnerar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Constitución Española.
Por último, expone que la ley prevé actuaciones y obligaciones que, siendo competencia exclusiva de las comunidades autónomas, el coste de su implementación no está prevista en la financiación de la norma, es decir, que la ley no prevé una financiación estatal suficiente para poder afrontar las obligaciones y requerimientos previstos en el texto.
