Lo hicieron en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y permitirá tramitar por vía de urgencia el anteproyecto de ley.
Aunque no se incluyeron finalmente ayudas específicas para pequeñas empresas, el acuerdo incorpora mecanismos para controlar la jornada laboral y garantizar el derecho a la desconexión digital.
Además, se endurecerán las sanciones por vulnerar los límites horarios de los trabajadores, las cuales se aplicarán por cada empleado afectado en lugar de manera colectiva, y las multas podrían alcanzar los 10.000 euros.
En declaraciones al programa ‘Hora 25’ de la ‘SER’, Cuerpo explicó que se acortarán los plazos del proceso legislativo mediante la vía de urgencia. «Lo que hemos hecho es dar un paso más en esta tramitación para convertir este derecho en una realidad», señaló. Según el ministro, el texto estará listo para ser enviado al Congreso entre abril y mayo, tras pasar por las fases necesarias como los análisis del Consejo de Estado y la audiencia pública.
Cuerpo también enfatizó que el objetivo del Gobierno es adaptar el proyecto a las condiciones parlamentarias para garantizar su aprobación. Reconoció que el texto podría sufrir modificaciones, pero confió en llegar a «un punto final donde se consigan esos derechos». «Queremos implementarlo lo antes posible, pero es necesario aterrizarlo en la realidad parlamentaria y económica», añadió, subrayando que el equilibrio entre ambición y viabilidad marcará las negociaciones con los grupos políticos.
Según Díaz, esta medida responde a una política laboral que busca «mejorar la vida de las personas», en línea con iniciativas como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La ministra insistió en que «España va bien» gracias a estas políticas y afirmó que la reducción de la jornada será aprobada pese a posibles ajustes durante el proceso legislativo.
La vicepresidenta recordó las tensiones que surgieron durante las negociaciones con Economía, llegando a acusar a Cuerpo de retrasar la tramitación urgente, algo que el ministro desmintió asegurando que la medida siempre fue una «prioridad» para el Ejecutivo.
En este contexto, Díaz agradeció el papel de los sindicatos en las negociaciones y criticó la postura de la patronal CEOE, que decidió rechazar la norma tras meses de reuniones. «No comparto que, después de 11 meses de negociación, la patronal no haya presentado ninguna propuesta. Esto es legítimo, pero no comparto el criterio», argumentó la ministra.
