La Red Estatal de Montes Públicos (REMP) afronta una nueva etapa tras la elección, esta mañana, de su junta directiva. La asamblea constituyente celebrada en Teruel ha designado a Ana Cecilia Oliván Villobas, Directora General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, como presidenta. La designación, apoyada por representantes de todas las comunidades autónomas, marca la Red Estatal de Montes Públicos nueva etapa orientada a reforzar la coordinación y la gestión sostenible de los montes públicos en España.
Un equipo directivo plural y técnico
La nueva dirección de la REMP queda integrada por perfiles de amplia experiencia en gestión forestal y política medioambiental:
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Vicepresidencia: Alfredo Luis Chavarría Samper, Coordinador de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Vocalías:
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Inma Crispín Murillo, Jefa del Servicio de Actuaciones Hidrológico-Forestales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (AGE).
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José Ángel Arranz Sanz, Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León.
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Salomé Hernando Chicote, Jefa de Sección de Planificación Forestal, Dirección General de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra.
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María Cruz Ferreira Costa, Directora General de Desarrollo Rural y Forestal, Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Región de Murcia.
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Gabriel Ángel Gutiérrez Tejada, Asesor de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, Junta de Andalucía.
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La votación de la asamblea ha ratificado la lista con el apoyo necesario, consolidando un equipo que combina representatividad territorial y capacidad técnica.
Prioridades de la “nueva etapa”
Con la presidencia de Ana Cecilia Oliván, la REMP prevé impulsar:
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Coordinación interadministrativa para optimizar la gestión de los montes públicos.
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Planificación forestal con enfoque en resiliencia climática y prevención de incendios.
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Valorización social y económica del monte, con especial atención al medio rural.
Estas líneas, señaladas por la composición de la junta y el consenso alcanzado, buscan acelerar proyectos y reforzar la gobernanza del patrimonio forestal.
