La Asociación Plataforma por una gestión de residuos transparente y sostenible (PGR) ha puesto en marcha una batalla legal urgente para intentar frenar el proyecto del Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega, en la provincia de León. La entidad sostiene que esta infraestructura se convertiría en uno de los macrovertederos de residuos peligrosos más grandes de España, con un impacto directo sobre el territorio y la población del entorno.
Según la información difundida por la plataforma, la instalación, promovida por la empresa Valorización Verde SA, propiedad del empresario Macario Fernández, aspira a gestionar más de 55.000 toneladas anuales de residuos peligrosos sobre un terreno de aproximadamente 140 hectáreas. La Asociación advierte de que el complejo situaría a León como destino de residuos industriales procedentes de fuera de la Comunidad, alterando el modelo de gestión ambiental de la zona.
Riesgos ambientales y territoriales según la plataforma
La PGR denuncia que el proyecto afectaría a toda la provincia de León y, de manera especial, a las comarcas de Maragatería, Órbigo y Vega del Tuerto, al ubicarse en las inmediaciones de San Justo de la Vega.
En su argumentación, la entidad alerta de un riesgo de contaminación de acuíferos y de afección a la cuenca del río Órbigo, un ecosistema clave para el equilibrio hídrico y agrícola del territorio. La plataforma considera que el macrovertedero de residuos peligrosos de San Justo de la Vega podría alterar de forma irreversible el entorno natural y la calidad de vida de los habitantes del área.
Desde la organización insisten en que el objetivo principal es “proteger la tierra, los acuíferos y el ecosistema de la zona, así como la salud de las personas que la habitan”. En este sentido, encuadran su acción en una defensa del medio ambiente, de la salud pública y del modelo de desarrollo rural de la provincia.
Una demanda judicial financiada con apoyo ciudadano
Para tratar de detener el proyecto por la vía legal, la plataforma ha presentado una demanda ante los tribunales de Valladolid contra la Junta de Castilla y León.
El recurso se dirige contra las decisiones administrativas que han permitido avanzar en la tramitación del macrovertedero de residuos peligrosos de San Justo de la Vega, y se apoya en informes técnicos que, según la entidad, son contrarios a la instalación.
Con el fin de financiar la defensa jurídica, los costes judiciales y los informes periciales independientes necesarios para sustentar el procedimiento, la PGR ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma de crowdfunding (https://www.migranodearena.org/reto/paremos-el-macrovertedero-de-residuos-peligrosos-m-s-grande-de-espa-a).
La recaudación tiene un objetivo inicial de 2.500 euros. Según la entidad, en el primer día de campaña se ha logrado un respaldo significativo y la cantidad recaudada se acerca ya a esa cifra mínima de 2.500 euros, considerada imprescindible para cubrir la primera fase del proceso judicial.
El proyecto y la declaración de “interés autonómico”
El proyecto del Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos cuenta con la declaración de “interés autonómico” por parte de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Esa declaración, recuerdan desde la plataforma, es el único permiso del que dispone actualmente la instalación y permite agilizar procedimientos administrativos y facilitar expropiaciones vinculadas al proyecto.
La PGR sostiene que, pese a este respaldo institucional, el macrovertedero de residuos peligrosos de San Justo de la Vega aún puede ser paralizado. La organización califica la iniciativa como “un modelo de vertido tóxico y obsoleto” y afirma que vulnera los principios de prevención, sostenibilidad y proximidad que, a su juicio, deberían guiar la política de residuos.
Llamamiento a la participación y a la difusión
La Asociación subraya que la vía judicial requiere recursos económicos, tiempo y apoyo social. Por ello, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con aportaciones económicas, pero también con la difusión del conflicto ambiental en su entorno.
Según la PGR, “cada contribución económica ayuda a financiar la resistencia legal en los tribunales” y contribuye a visibilizar un proyecto que, entienden, podría marcar la orientación futura de la gestión de residuos peligrosos en la Comunidad.
La organización anima a compartir información, participar en los debates públicos y seguir las acciones legales y sociales que se emprendan contra el macrovertedero. Asegura que el resultado del proceso no solo tendrá consecuencias para San Justo de la Vega, sino también para el conjunto de la provincia de León y para el modelo de política ambiental que se aplique en los próximos años.
