La incorporación de jóvenes al sector agrario en León, una provincia con un gran potencial y tradición en el medio rural, se está convirtiendo en una carrera de obstáculos. La organización agraria UGAL-UPA ha alzado la voz para denunciar la flagrante desconexión entre la normativa impuesta por la Junta de Castilla y León y la falta de medios para que los futuros agricultores puedan cumplirla. El problema principal reside en la obligatoriedad de realizar 15 horas de prácticas presenciales de campo y tecnológicas en uno de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de la comunidad.
La recién estrenada normativa, en vigor desde diciembre de 2024, exige a los jóvenes de León matricularse en los nuevos cursos de Incorporación a la Empresa Agraria (CIEA). Sin embargo, la teoría choca con la realidad. En toda la provincia de León solo existe un CIFP autorizado para impartir estas prácticas: el de Almázcara, en Ponferrada. Y, para colmo, su calendario es tan limitado que resulta prácticamente imposible conseguir una plaza.
UGAL-UPA pone sobre la mesa un ejemplo contundente: en este momento, 35 alumnos matriculados en sus cursos se encuentran en un limbo, sin posibilidad de realizar las prácticas en su provincia. La última fecha disponible en el centro de Ponferrada fue en la segunda semana de septiembre. Esto obliga a los jóvenes a buscar opciones en otras provincias como Soria, Burgos, Salamanca o Segovia, con el consiguiente desembolso económico en desplazamiento, alojamiento y la dificultad de conciliar con su vida personal y profesional.
Un camino lleno de baches
La falta de planificación de la administración regional no se limita a la escasa oferta de centros. La asociación agraria también denuncia otros inconvenientes que desincentivan a los jóvenes. Se exige a los alumnos la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) muy concretos, como calzado de seguridad, para tan solo unas horas de formación, lo que supone un gasto adicional.
UGAL-UPA acusa a la Junta de estar «minando las posibilidades de los jóvenes» al no facilitar los medios necesarios para cumplir con una normativa que ellos mismos han creado. Esta desorganización y la falta de empatía están provocando que algunos alumnos consideren abandonar el curso, frustrados por las trabas que encuentran en un proceso que debería ser ágil y sencillo.
Reclamando sentido común
Ante esta situación, UGAL-UPA exige respuestas urgentes y sentido común a la administración. La petición es clara y contundente: habilitar otro centro en la provincia de León para poder atender la alta demanda de formación y evitar que los jóvenes tengan que migrar para formarse. La organización subraya la importancia de León como la provincia que más jóvenes incorpora al sector, y reclama la atención que merece.
Los jóvenes no pueden toparse con impedimentos tan básicos que demuestran, según la organización, las «carencias de gestión y de operatividad» de una administración que legisla sin ofrecer soluciones reales. En un momento crucial para el relevo generacional en el campo, parece que la burocracia y la desidia están ganando la batalla a la vocación y al futuro del medio rural leonés.
