La recuperación económica tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19 no ha logrado revertir la exclusión social en Castilla y León. El último Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social confirma que en 2024 el 14,8% de la población de la Comunidad, alrededor de 352.000 personas, permanece fuera de los márgenes de la plena participación social. Pese a cierta mejora respecto a los peores años de la pandemia, la situación global es hoy menos favorable que en 2018.
Menos integración plena y recuperación más lenta que en el conjunto del Estado
El estudio, presentado en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), revela que la integración plena se sitúa en el 55,2% de la población, mientras que la integración precaria alcanza el 29,9%. En conjunto, el 44,8% de la ciudadanía permanece fuera de la integración plena, en un espacio de vulnerabilidad que combina situaciones de precariedad y exclusión.
El informe sitúa a Castilla y León en una posición algo más favorable que el promedio estatal. La Comunidad registra un 85,1% de población integrada (sumando integración plena y precaria), frente al 80,7% del conjunto de España, y un nivel de exclusión social del 14,8% frente al 19,3% estatal. Sin embargo, la recuperación posterior a la pandemia ha sido más limitada en la región.
Entre 2021 y 2024, el espacio de la exclusión social se reduce 3,2 puntos porcentuales en Castilla y León, mientras que en el conjunto del Estado el descenso es de 4,1 puntos. En ambos casos se observa una mejora similar en la exclusión severa, que baja 3,9 puntos, pero las situaciones de exclusión moderada permanecen prácticamente estables, lo que apunta a una cronificación de las dificultades.
Un diagnóstico basado en datos representativos en toda la Comunidad
El Informe FOESSA forma parte de los 22 informes territoriales elaborados en el marco del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Sus resultados se apoyan en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares de todo el país, con muestra representativa en cada comunidad y ciudad autónoma.
En el caso de Castilla y León, el trabajo de campo permite contar con información detallada y comparable que muestra la evolución social del territorio desde 2018. Los datos confirman que la Comunidad conserva cierta ventaja relativa respecto al promedio estatal, pero también evidencian una exclusión social más cronificada y una recuperación más lenta tras la pandemia.
La presentación del estudio en el CESCYL contó con la participación de Enrique Cabero, presidente del Consejo; Guenther E. Boelhoff, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León; y Pedro Fuentes, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA. Posteriormente se celebró una jornada de análisis en la que intervinieron también Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y Óscar Carpintero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, quienes profundizaron en las implicaciones del diagnóstico.
La vivienda, principal foco de exclusión social en Castilla y León
La vivienda se consolida como la dimensión donde la exclusión social en Castilla y León presenta mayor incidencia. Según el informe, uno de cada cinco hogares (20,1%) y el 18,5% de la población afrontan algún problema relacionado con este ámbito, considerado clave para la integración social.
Aunque la prevalencia entre la población se mantiene estable respecto a 2018, el impacto sobre los hogares ha crecido de forma notable. En seis años, la proporción de viviendas afectadas ha pasado del 15,8% al 20,1%, un aumento que refleja un deterioro claro de la capacidad para acceder y mantener una vivienda adecuada.
El encarecimiento del mercado residencial explica buena parte de esta tendencia. Desde 2018, el precio de la vivienda se ha incrementado un 31,5%, presionando especialmente a los hogares con menor renta. El encarecimiento afecta tanto a la compra como al alquiler, modalidad en la que se concentra una proporción elevada de hogares en riesgo de pobreza o pobreza severa.
En este contexto, los gastos excesivos de vivienda se han convertido en el problema más extendido: afectan al 18,4% de la población y han aumentado 10 puntos porcentuales en seis años, situándose como uno de los indicadores más determinantes de la exclusión social en la Comunidad. A ello se suman otras dificultades, como la tenencia precaria o las condiciones inadecuadas de habitabilidad, con una incidencia menor, pero persistente.
La juventud, uno de los grupos más golpeados por la exclusión
La juventud castellanoleonesa destaca como uno de los colectivos más afectados por la exclusión social en Castilla y León. Entre las personas de 18 a 29 años, la tasa de exclusión alcanza el 24,6%, muy por encima del 14,8% de la media general de la población.
El informe identifica tres factores clave que explican esta elevada incidencia:
-
Barreras de acceso al mercado laboral y dificultades para lograr estabilidad en el empleo.
-
Salarios insuficientes para cubrir de manera autónoma los gastos básicos.
-
Imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, que retrasa proyectos de emancipación y autonomía.
La combinación de estos elementos sitúa a la juventud en una posición de vulnerabilidad estructural, intensificada desde 2018. El estudio subraya que este colectivo debería convertirse en prioritario para las políticas públicas de inclusión, si se quiere evitar la consolidación de una generación marcada por la inseguridad económica y residencial.
La salud, una dimensión crítica: 260.000 personas con problemas para costear tratamientos
La dimensión sanitaria también refleja un deterioro significativo en la exclusión social en Castilla y León. Más de 260.000 personas se han visto obligadas a renunciar a la compra de medicamentos, prótesis o tratamientos y dietas por motivos económicos. Este dato muestra cómo las dificultades para acceder a bienes básicos de salud se han convertido en una de las problemáticas más frecuentes de exclusión en el territorio.
En total, el 11,2% de la población afronta dificultades económicas que afectan directamente a su salud, un porcentaje que ha aumentado 3,5 puntos desde 2018. El informe advierte de que estas carencias no solo comprometen el bienestar físico, sino que además agravan la vulnerabilidad social de los hogares afectados.
La imposibilidad de mantener tratamientos continuados, adquirir productos sanitarios esenciales o gestionar adecuadamente enfermedades crónicas genera un impacto acumulativo. La salud se consolida así como una dimensión crítica de la exclusión, en la que la pobreza material tiene efectos directos sobre la calidad de vida y las oportunidades de inclusión.
Una exclusión social cronificada que exige respuestas estructurales
El análisis de FOESSA concluye que la exclusión social en Castilla y León se ha cronificado, a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos. La Comunidad mantiene mejores niveles de integración que el conjunto de España, pero enfrenta una recuperación más lenta y un riesgo creciente de consolidar las brechas existentes.
El informe apunta a la necesidad de políticas públicas sostenidas que actúen sobre los principales focos detectados: vivienda, empleo juvenil y acceso a la salud. También subraya la importancia de reforzar las redes de protección social y la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y agentes económicos para construir un modelo de desarrollo más inclusivo, capaz de reducir la vulnerabilidad de los hogares y frenar la cronificación de la desigualdad.
