Cada verano, con la llegada del calor y la sequedad, una sombra se cierne sobre nuestros bosques. No es la sequía o las altas temperaturas las únicas culpables de esta catástrofe recurrente; la verdadera amenaza, la más insidiosa y devastadora, es la mano humana. Los incendios provocados se han convertido en una lacra que no solo destruye miles de hectáreas de patrimonio natural, sino que también amenaza vidas, hogares y la economía de nuestras comunidades rurales. Es un acto de maldad incomprensible que exige una respuesta más contundente por parte de la justicia.
Resulta frustrante observar cómo, año tras año, la historia se repite. Vemos a nuestros bomberos, brigadistas y miembros de la UME arriesgando sus vidas en una batalla desigual contra el fuego, una batalla que a menudo tiene un origen criminal. Mientras ellos luchan, se despliegan recursos ingentes, se moviliza a la población y se asiste, con impotencia, a la devastación de paisajes irremplazables. Y todo por un acto premeditado, por un pirómano que, con un simple mechero, es capaz de sembrar el caos y la destrucción.
El daño que causan estos actos es incalculable. Más allá de las cifras de hectáreas quemadas, los incendios tienen un impacto ecológico devastador. Se destruye la biodiversidad, se pierden ecosistemas enteros, se erosiona el suelo y se liberan toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las consecuencias económicas también son inmensas: se queman explotaciones agrícolas y ganaderas, se destruye la madera, se pierden puestos de trabajo y el turismo, una fuente de vida para muchas de nuestras comarcas, se resiente. Y lo más grave, a menudo se pierden vidas, tanto de quienes luchan contra el fuego como de los habitantes que se ven atrapados en sus garras.
Ante este panorama desolador, la respuesta de nuestro sistema judicial parece insuficiente. Las penas actuales para los pirómanos, en muchos casos, no están a la altura de la magnitud del crimen. Se argumenta que muchos de estos individuos padecen problemas psicológicos, y si bien es una realidad que no se debe ignorar, no puede ser una justificación para la impunidad o para penas laxas que no disuaden a otros de cometer actos similares.
Es hora de que la sociedad y, en particular, nuestros legisladores, lancen un mensaje claro e inequívoco: el fuego provocado es uno de los crímenes más graves contra el patrimonio natural y la seguridad de las personas. Por ello, las penas deberían ser revisadas y endurecidas de manera significativa. No se trata solo de castigar el delito, sino de disuadir. Necesitamos una legislación que actúe como un verdadero muro de contención, que deje claro que quien juega con fuego, destruye el futuro de todos, y debe enfrentarse a unas consecuencias proporcionales al daño causado.
El aumento de las penas no es una solución mágica, pero es un paso necesario. Debe ir de la mano de una mayor inversión en prevención, en la mejora de la gestión forestal y en la educación de la población. Pero sin un castigo ejemplar para los pirómanos, cualquier otro esfuerzo será en vano. Es un clamor de la ciudadanía, de los que ven arder su tierra y sus recuerdos. Es un imperativo moral y de justicia. Los pirómanos no son solo un problema de salud mental; son una amenaza criminal contra todos nosotros. Y como tal, deben ser tratados.
Opinión: Belen Aren
