La anulación del gerente de Atención Primaria de León vuelve a situar el foco en cómo se cubren determinados cargos en la sanidad pública. La Justicia ha dejado sin efecto, por segunda vez, el nombramiento del responsable del área, al considerar que la Administración no garantizó plenamente los principios de igualdad, mérito y transparencia en el procedimiento.
Según el fallo, el proceso debe repetirse porque no se publicaron previamente los criterios de valoración aplicados a las candidaturas. Además, la sentencia recuerda que incluso en sistemas de libre designación deben respetarse las garantías constitucionales de acceso a puestos públicos, evitando decisiones arbitrarias.
Qué dice la sentencia
El tribunal concluye que la convocatoria y la adjudicación del cargo vulneraron los principios exigibles en un proceso público. En concreto, cuestiona que la Administración no hiciera públicos, antes de evaluar, los parámetros con los que se iba a puntuar o comparar a los aspirantes.
Por eso, la resolución declara la nulidad del procedimiento y establece que debe repetirse la selección, lo que deja el nombramiento sin efecto mientras se rehace el trámite conforme a derecho.
Cómo afecta al proceso de selección
La consecuencia inmediata es administrativa: la Consejería competente tendrá que volver a convocar y resolver el proceso con criterios definidos y publicitados desde el inicio.
Además, la sentencia impone el pago de costas judiciales, y abre la puerta a que la Administración recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Antecedentes del conflicto
El caso está vinculado a un conflicto judicial que se prolonga desde hace más de un año. El médico José Pedro Fernández mantiene un litigio con la Consejería de Sanidad en torno a este puesto.
De hecho, esta no es la primera resolución contraria a la Junta en este asunto. Una decisión judicial anterior ya había obligado a restituirle, aunque posteriormente fue apartado de nuevo, según recoge la información publicada.
Próximos pasos
Ahora, el escenario pasa por dos vías. Por un lado, la Administración puede recurrir. Por otro, si la sentencia se ejecuta en sus términos, deberá impulsar un nuevo procedimiento que refuerce la trazabilidad del proceso: criterios claros, publicación previa y motivación suficiente de la decisión final.
En cualquier caso, la anulación del gerente de Atención Primaria de León reabre el debate sobre la transparencia en los nombramientos y sobre cómo se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a responsabilidades directivas dentro del sistema sanitario.
