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El pasado miércoles se reunió el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria con un único punto del orden del día, “propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021”.
En los primeros días de mayo, el Consejo de Ministros eliminó el sistema de horquillas vigente en la Ley Orgánica de Universidades, y lo hizo a través de un Real Decreto que regula el sector cultural. En ese momento no concretó los nuevos precios públicos que deberían aplicarse al próximo curso. Así, las comunidades autónomas solicitaron una propuesta real y cuantificada, sobre todo teniendo en cuenta que la competencia de financiación corresponde a las autonomías.
En la reunión celebrada esta tarde, el Ministerio ha propuesto acordar un límite máximo para los precios públicos de la primera matrícula de grado, que no superaría la media nacional de estos mismos precios en el curso 2011/2012. Algo que para Castilla y León, junto con otras comunidades autónomas, implica un desembolso importante de financiación inmediata.
Por ese motivo, los consejeros han solicitado al Ministerio que comparta su esfuerzo presupuestario con partidas finalistas para las universidades. Algo que el ministro no ha podido comprometer.
Así, Castilla y León, que ya ha demostrado estar comprometida con la equidad y la bajada progresiva de tasas universitarias, no ha podido mostrarse de acuerdo con la propuesta parcial y apresurada del Ministerio, al no venir acompañado de financiación.
