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El consejero Jesús Julio Carnero, ha participado hoy en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común presidido por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en el que han participado también los consejeros de agricultura del resto de las Comunidades Autónomas. Este encuentro es el preparatorio para el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará los días 28 y 29 de junio, último Consejo de la presidencia portuguesa. Consejo que se espera con expectación porque se debería cerrar la nueva PAC.
Así mismo, hoy también se ha celebrado el Consejo Agrario Regional en el que el consejero ha informado de la posición de la Junta de Castilla y León en este momento acerca de la negociación de la PAC.
El acuerdo de la PAC imprescindible
Tras el fracasado Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, del 26 y 27 de mayo, el consejero ha pedido a las instituciones europeas un esfuerzo constructivo para cerrar la normativa que regulará la nueva PAC en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará en Luxemburgo el 28 y 29 de junio, especialmente a los dos colegisladores, al Consejo y al Parlamento Europeo. “No podemos mantener a nuestros agricultores y ganaderos con tantas incertidumbres, sin avanzar y con tiranteces en posiciones que marcan diferencias inútiles y no constructivas. Es necesario acercar las posturas y en eso la Comisión Europea debe jugar su papel de mediador, como lo ha hecho en otras reformas”, ha indicado el consejero.
El retraso en la aprobación de la normativa europea, nos ha llevado ya a un periodo de transición para los años 2021 y 2022, para dar seguridad jurídica a los agricultores en este impasse con el objetivo de poder aplicar la nueva normativa a partir de 2023 con una duración hasta 2027.
España y Castilla y León se juegan la financiación más importante de fondos europeos destinados al sector agroalimentario y para el desarrollo rural, 5.000 y 1.000 millones de euros al año, respectivamente. En esta nueva PAC será necesario planificar todas las actuaciones en el denominado Plan Estratégico de la PAC, donde se incluirán las ayudas directas y las intervenciones territoriales que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.
Los objetivos serían cerrar el acuerdo europeo en este Consejo de finales de junio, llegar a un acuerdo entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura en la aplicación de la PAC en España, que dependerá del acuerdo europeo adoptado, y presentar formalmente a la Comisión Europea el Plan Estratégico Nacional a finales de este año. Eso nos permitirá desarrollar a lo largo de 2022 la normativa específica tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, para conseguir aplicar la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023.
De no llegar a un Acuerdo europeo en junio, se pone en riesgo este calendario, se retrasaría la nueva PAC y habría que trabajar otra vez en dar seguridad jurídica con normas específicas para cubrir ese retraso. Por lo tanto este acuerdo es imprescindible al final de este mes.
Las diferencias de posturas fundamentalmente por los condicionantes medioambientales
La nueva arquitectura medioambiental, más ambiciosa, es la principal fuente de diferencias entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Tres son los conceptos que se manejan: condicionalidad reforzada, ecoesquemas e intervenciones territoriales del segundo pilar que contribuyan a la ambición medioambiental.
En primer lugar la ‘condicionalidad reforzada’ o requisitos mínimos para percibir el pago básico que tendrán los agricultores y ganaderos. El consejero, sobre este asunto, ha resaltado que “la exigencia de la rotación de cultivos debería sustituirse por la diversificación de cultivos para evitar que la práctica agronómica se convierta en una práctica burocrática. Los sistemas productivos tienen que adaptarse anualmente a las condiciones agroclimáticas y lo importante es que se utilicen varios cultivos en la explotación”.
Respecto a los ‘ecoesquemas’, nueva intervención en el primer pilar que tendrán un pago añadido por aplicar prácticas agrarias con mayor ambición ambiental y que superan por tanto la condicionalidad, el consejero ha instado a las instituciones a la aplicación flexible de estas prácticas para que puedan tener una mayor penetración en los agricultores y ganaderos. Sería preferible reducir el porcentaje destinado a estas medidas, de hecho Castilla y León ha reivindicado no superar el 20% de los pagos directos al año en este nuevo periodo de programación. No obstante, en aras a llegar a un acuerdo, si finalmente el 25% es el valor de consenso, es imprescindible que se flexibilice su aplicación y que revierta la financiación no utilizada al pago básico.
Finalmente, la ‘contribución medioambiental del segundo pilar’, es el tercer aspecto en cuestión. “Realmente aquí las posturas están muy cercanas”, ha indicado el consejero, “puesto que se debate que estas medidas contribuyan entre un 35 o un 37% del gasto del segundo pilar. Para Castilla y León no es tanto que sea uno u otro, es más importante que computen para alcanzar ese porcentaje medidas como las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, y a ser posible al 100%, las propuestas están ahora entre el 60 y el 40%”.
También es importante posicionar en el segundo pilar las ayudas a la agricultura ecológica, tanto para arrancar con esta práctica como para mantenerla, esto permitirá alcanzar la contribución exigida. De hecho la agricultura ecológica debería ser una de las medidas estrellas del segundo pilar de la PAC, con un fuerte apoyo diferenciado.
En todo caso, la ambición medioambiental de la nueva PAC debe ser asumible por los agricultores, no convertirse en una carga que frene la viabilidad de sus explotaciones.
El ecoesquema único de Castilla y León sería la solución para España
El consejero ha manifestado que el éxito de la aplicación de los ecoesquemas en la nueva PAC, estará en los principios de simplificación, universalidad y de ser atractivos, que incorporen un pago incentivador, para atraer a los agricultores a este tipo de prácticas, acompañado de pagos compensatorios. Es el modelo que presentó la Junta de Castilla y León al Ministerio en mayo, cumple con estos principios y permitiría que cualquier agricultor de España se acogiera a estas prácticas. Es el que denominamos ‘ecoesquema único’.
El alineamiento con el Pacto Verde
El Pacto Verde es un gran compromiso de Europa por la sostenibilidad, sin embargo sus objetivos no han sido ni evaluados ni contrastados, un manejo inadecuado llevaría consigo un riesgo de la garantía alimentaria europea y un apoyo indirecto a sistemas productivos fuera de la Unión Europea contrarios a la sostenibilidad medioambiental mundial. Carnero ha instado a la implantación progresiva y evaluada de los objetivos del Pacto Verde, no a la imposición en la normativa nueva de la PAC.
La convergencia de las ayudas y el pago redistributivo
El porcentaje de la convergencia también será una de las cuestiones a acordar en el debate europeo. La Junta se ha pronunciado claramente por una convergencia progresiva y no drástica, la propuesta de la Comisión determina que en 2026 todos los agricultores perciban como mínimo el 75% del pago básico medio de su región productiva, el Parlamento Europeo pretende el 100%, el Consejo ha cedido en sus pretensiones llegando al 85%, para la Junta la propuesta del Consejo demuestra dialogo y es procedente para llegar a un acuerdo. El objetivo en todo caso de la convergencia debe ser el 2026 o el 2027, pero no antes.
El consejero Jesús Julio Carnero, ha instado también al Ministerio a no sobrepasar las propuestas de la aplicación en España del pago redistributivo. Es una ayuda nueva que consiste en traspasar una parte del pago básico de todos los agricultores hacia agricultores con explotaciones más pequeñas. No se conocen los efectos, la experiencia en algún país europeo que la ha puesto en marcha en el periodo actual no es muy positiva, afecta a la competitividad de las explotaciones, nuestra posición es aplicarla al mínimo posible y ver sus efectos en el tiempo. Nosotros apostaríamos por un 5% del conjunto de pagos directos o en su defecto el mínimo que se determine en la nueva normativa, que también será objeto del acuerdo europeo.
Las ayudas asociadas
Respecto a las ayudas asociadas la Junta apuesta por mantener, y si es posible aumentar las ayudas asociadas actuales, especialmente las ganaderas, incluyendo a la ganadería de lidia, y la puesta en marcha de un Programa Sectorial Nacional para el ovino-caprino para mejorar la competitividad y la comercialización de un producto tan característico de la agricultura mediterránea europea.
La condicionalidad social
“No podemos consentir que la PAC sea sancionadora”, ha señalado Carnero, “sobre esta propuesta que se ha puesto encima de la mesa en la negociación actual. Si lo que se pretende es utilizar la PAC como una herramienta sancionadora en materia laboral, por mal camino vamos. No nos parece apropiada esta propuesta. La normativa laboral tiene sus propios mecanismos y son estos y no otros los que hay que utilizar”.
La agricultura familiar profesional debe ser la bandera de la agricultura europea
La nueva PAC debe hacer un esfuerzo por defender la agricultura familiar profesional, es un modelo sostenible que permite a muchas familias del medio rural mantener su actividad y a la vez dar vida a las áreas rurales, por eso esta nueva PAC debe identificarse con este modelo productivo y tener elementos diferenciadores para los agricultores profesionales, por lo menos en el pago redistributivo.
