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El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023, un documento cuyos principales objetivos son la protección de las familias y el impulso del sector productivo de la Comunidad.
El Presupuesto 2023 se enmarca en un escenario de gran incertidumbre económica, que muestra una moderación en el crecimiento y que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 1,6 %; el empleo crecerá el 2,3 % y la tasa de paro se situará en el 10,1 %, dos puntos por debajo de la media española (12,2 %).
Asimismo, el escenario financiero del presupuesto para 2023 respeta la tasa de referencia del déficit establecido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y que se ha situado en el -0,3 % del PIB regional. En todo caso, estas previsiones cuentan con el aval de la AIREF, que las considera factibles.
El consejero ha destacado que se trata del mayor Presupuesto de la historia de la Comunidad, con 13.809 millones de euros -un 12,35 % de incremento-, montante que permitirá avanzar en el bienestar social de la ciudadanía, la protección de las familias y empresas y las transformaciones energéticas y digital de la economía.
Así, las cuentas para 2023 se han estructurado en torno a cinco grandes ejes estratégicos: la promoción de la transformación de la economía para crecer y asegurar empleo estable y de calidad; la adaptación de los servicios públicos esenciales al territorio; la apuesta decidida por el mundo rural; un apoyo decidido a la familia y la juventud; y el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora.
Fernández Carriedo ha explicado que el Presupuesto incorpora la mayor reducción de impuestos a familias y empresas. De esta manera, los beneficios fiscales para las familias, la juventud y los negocios en el entorno rural, aumentan cerca de un 60 % respecto a 2021. Con ello se busca reducir el impacto de la subida de precios y contribuir a impulsar la economía, en particular en los pequeños municipios de la Comunidad.
A ello se suma que se trata de un presupuesto inversor y dinamizador de la economía, donde se incrementan un 55 % las operaciones de capital, que canaliza un importante volumen de recursos a aquellos sectores más afectados por la crisis energética, y a los que son el motor de la economía de Castilla y León.
El Presupuesto para el próximo ejercicio es eminentemente social, que destina el 76,6 % del gasto no financiero de las consejerías a las áreas sociales y da soporte a unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad y adaptados al territorio, contribuyendo a la cohesión social. Incorpora además apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención y captación del talento joven, integrar a los colectivos vulnerables y asegurar el cuidado de las personas mayores y dependientes.
El consejero también ha explicado que contribuye a la cohesión territorial, fomentando las oportunidades en el mundo rural, con una fiscalidad favorable y con apoyos específicos y servicios de movilidad, para ofrecer un entorno adecuado para vivir.
Además, se trata de un presupuesto eficiente, que mantiene el principio de austeridad en el gasto de funcionamiento administrativo, profundiza en la simplificación de los procedimientos y la racionalización de las estructuras organizativas, aumentando el nivel de transparencia sobre la gestión y acción del Gobierno. De igual manera, las de 2023 son unas cuentas responsables, con una gestión moderada del endeudamiento.
Asimismo, es un presupuesto comprometido con el futuro, que impulsa las transiciones estructurales hacia una economía más innovadora y digitalizada, repercutiendo en una sociedad con más oportunidades.
Ingresos: reducción de impuestos y recaudación tributaria favorable
Las previsiones de ingresos, ajustadas a la realidad actual, revelan que los ingresos por operaciones no financieras representan el 88,8 % del presupuesto total y ascienden a 12.267 millones de euros, con un aumento del 18,7% respecto al presupuesto de 2021.
Por su parte, los Ingresos por Operaciones Financieras se estiman en 1.543 millones de euros, el 11,2 % del presupuesto total, reduciéndose un 21,1 % respecto al presupuesto anterior.
Así, las previsiones por impuestos directos se estiman en 2.869 millones de euros, un 22,7 % más respecto a 2021, mientras que el importe global de los impuestos indirectos se incrementa un 13 %, con una recaudación estimada de 3.912 millones.
En el resto de capítulos, se prevé una recaudación estimada de 228 millones de euros en tasas, precios públicos y otros ingresos; las transferencias corrientes se sitúan en los 3.746 millones; 25 millones de euros en ingresos patrimoniales; mientras que la previsión por enajenación de inversiones reales alcanza la cifra de 137 millones.
Asimismo, las transferencias de capital prevén un incremento, alcanzando los 1.349 millones, fundamentalmente por los recursos procedentes de la Unión Europea; y en las operaciones financieras se refleja una previsión de 52 millones de euros, mientras que los pasivos financieros se reducen de manera importante (-22,2 %) hasta 1.490 millones de euros.
En este apartado, Fernández Carriedo ha destacado varios aspectos concretos con incidencia en el montante global de ingresos. En este sentido, ha hecho referencia a las entregas a cuenta del modelo de financiación y la liquidación del sistema -8.136 millones, con una subida respecto al anterior-, manifestando que se trata de una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales. Por ello, ha insistido en la necesidad de una reforma de todo el sistema, cuyo funcionamiento penaliza especialmente a Castilla y León por razones demográficas.
El consejero ha explicado que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea. El aumento es de un 62,35 % para un total de 1.986 millones: 924,4 millones de euros de la PAC; 577 millones de los Programas Operativos tradicionales, que se han visto aumentados con fondos procedentes del REACT; y 484 millones de Fondos de Nueva Generación, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se presupuestan por primera vez.
Respecto a las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, disminuyen de forma importante para 2023: un 30,7 %. Esta bajada, tal y como ha destacado el titular de Economía y Hacienda, está motivada por la eliminación por parte del Gobierno de España de los Fondos COVID, que suponían 633 millones y que ayudaban a financiar los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas.
En el apartado de ingresos también ha hecho referencia al aumento del 17,82 % de los ingresos derivados de los tributos propios de la Comunidad, que se estiman en 828 millones de euros, una subida como consecuencia fundamentalmente de la recuperación de la actividad económica.
Así, el consejero ha insistido en que se demuestra que la reducción de impuestos es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria.
Fernández Carriedo ha hecho alusión al hecho de que el Gobierno de España haya fijado el déficit de las Administraciones del Estado para 2023 en el 3,9 % del PIB y apenas haya asignado un 0,3 % del PIB regional para las comunidades autónomas, cuando entre sus competencias están las de prestación de los servicios públicos más esenciales como los sanitarios, los educativos o los sociales.
Por último, ha añadido que el déficit en Castilla y León se reduce en un 68 %, al pasar de 633 millones a sólo 205, quedando pendiente menos de un tercio del total para avanzar hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Gastos: aumento de las operaciones de capital
El documento explicado ante las Cortes incluye, dentro de los gastos, operaciones no financieras que absorben 12.470 millones de euros y suponen el 90,3 % del presupuesto de gastos.
Por capítulos, para gastos de personal se destinan 4.694 millones de euros, teniendo en cuenta que los sueldos del presidente de la Comunidad y del resto de miembros del Consejo de Gobierno se congelan, así como las retribuciones de los miembros de la Mesa y portavoces de las Cortes y las de los presidentes y resto de altos cargos de las instituciones propias.
A ello se suma que para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios se prevén 1.947 millones de euros; para Gastos Financieros se consigna un total de 253 millones; y para transferencias corrientes, 3.312 millones de euros.
Respecto a las Operaciones de Capital, que incrementan un 42 % respecto a 2021, tres cuartas partes serán ejecutadas por las consejerías: Inversiones Reales contará con 1.015 millones de euros y las Transferencias de Capital alcanzan los 1.247 millones de euros.
Así, el Presupuesto consolidado del sector público cuenta con 2.534 millones de euros destinados a operaciones de capital, con un aumento de 903 millones, más del 55 %, respecto al de 2021.
Por su parte, las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.340 millones de euros.
Consolidación del gasto social
En el análisis del Presupuestos, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado varias cuestiones prioritarias en las que se centrará el trabajo del Gobierno de la Comunidad.
Así, entre ellas se encuentra la promoción de la transformación de la economía, para crecer y asegurar empleo estable y de calidad. Para ello se cuenta con 150 millones que se sumarán a la Red de Ayudas y apoyos a los proyectos de empresas, pymes y autónomos; 427 millones para actuaciones de formación para el empleo y mejora de la empleabilidad; 85 millones para apoyo específico al sector comercial y al turístico, con el fin de aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística, y su posicionamiento como destino nacional e internacional; y 126 millones para los programas de puesta en valor del Patrimonio Histórico y Cultural.
Otra de las prioridades es la prestación de servicios públicos esenciales adaptados al territorio, para garantizar la calidad de los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como el acceso a la vivienda. Así, el Presupuesto 2023 ha destinado una elevada cuantía al sistema de salud: 4.753 millones para la Consejería de Sanidad, un incremento del 8,9 %.
Se apuesta también por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia, por lo que el presupuesto de la Consejería de Educación se incrementa en un 10,8 % hasta alcanzar 2.615 millones de euros. Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de 1.263 millones, un 16,7 % más.
En este apartado, Fernández Carriedo ha destacado que entre las tres consejerías gestionarán 8.630 millones de euros -824 millones más que en 2021-, lo que supone un 12,6 % del PIB y cerca del 80 % del gasto no financiero de las consejerías. Además, el 87,6 % de los gastos de personal y el 94,1 % de los gastos corrientes en bienes y servicios serán gestionados por estos tres departamentos.
Además, el consejero ha añadido que en el reciente Informe sobre la evolución del gasto en políticas sociales, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se destaca que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en porcentaje del gasto presupuestario destinado a los servicios públicos y la primera si se tiene en cuenta el gasto sanitario.
Respecto a la apuesta por el mundo rural, además de la fiscalidad favorable, las cuentas de 2023 incluyen acciones específicas que apuestan por la cohesión territorial como base del bienestar social, contemplando un conjunto de actuaciones. Así, 1.491 milllones para impulsar el sector agrario; 34 millones para facilitar el transporte y la movilidad; y 472 millones para la cooperación económica con las entidades locales.
Para reforzar el apoyo a la familia y la juventud, se destinan a estas políticas más de 1.860 millones de euros en distintos ámbitos, con un incremento del 27 %. Además, para facilitar el ahorro y la economía familiar, los beneficios fiscales vinculados directamente a la familia, la vivienda y el empleo ascienden a 583 millones de euros. En total, más de 2.400 millones.
Por último, para avanzar hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora: 52 millones para programas de ahorro, diversidad energética y energías renovables; 186 millones en programas de prevención y educación ambiental; y 429 millones (un 43,7 % más) para investigación y tecnología.
Política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos
El consejero de Economía y Hacienda, durante la presentación del documento presupuestario ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, también ha hecho referencia a que para la aplicación de estos Presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley.
Así, la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de este año recoge medidas de naturaleza tributaria y otras que afectan a la gestión y organización de la Administración autonómica.
1.- Tributos. Destaca el que no se crean impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León. Al contrario, se contemplan diversas modificaciones tributarias que buscan favorecer a colectivos concretos, como son las familias, los jóvenes, los emprendedores, autónomos y las pymes, especialmente en el medio rural.
De esta manera se consolida una política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos, que reduce la carga fiscal para familias y empresas; sirve de incentivo al consumo y a la inversión; y favorece el crecimiento económico y la creación de empleo.
Así, entre las nuevas ventajas fiscales encaminadas a apoyar al medio rural y a las familias se encuentran la mejora de la deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, elevando en más de un 10 % tanto el valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción (hasta 150.000 euros), como la base máxima anual de deducción (hasta 10.000 euros anuales).
El consejero ha añadido que estas ventajas completan las recogidas en el Proyecto de Ley de rebaja impositiva ante el agravamiento de la situación económica, que se está tramitando en Cortes. En el documento se hace referencia a: apoyo a la renta disponible de las familias y autónomos, mediante una reducción del tipo mínimo del IRPF del 5,3 %, con lo que Castilla y León se situará como la segunda comunidad autónoma con el tipo impositivo mínimo más bajo.
Se suma el apoyo a la natalidad en el medio rural, elevando la deducción por nacimiento o adopción en el medio rural hasta en un 40 % respecto de la deducción general aplicable por nacimiento o adopción; el apoyo a las empresas en el medio rural, mediante la mejora del tipo reducido en la transmisión de inmuebles destinados a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural, cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo (2 % frente al 8 % general); y un apoyo a la continuidad de la actividad agraria, a través de la aprobación de un tipo reducido del 4 % en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias y la aprobación de una bonificación del 100 % en los arrendamientos de fincas rústicas, si el arrendatario es agricultor profesional.
En materia de tasas, la política fiscal del Gobierno autonómico contempla la actualización de la tasa por inspección y control sanitario de animales no sacrificados en mataderos, a los precios actuales de prestación de servicios veterinarios; y la ampliación a cinco años la validez de las licencias de caza y pesca, para facilitar su gestión y ayudar a los ciudadanos una vez que se proceda a eliminar su tributación. Se mantienen congeladas las tasas y precios públicos desde el año 2014.
Además, en la Ley de rebaja impositiva se minoran las cuotas de la tasa en materia de industria; se bonifica el 100 % la tasa general por licencia de caza y pesca, así como la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios; y se incluye la exención del pago de la tasa por participación en procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales y por expedición de certificados de profesionalidad.
Con estas nuevas medidas y las vigentes se estima que el sistema de beneficios fiscales de la Comunidad de Castilla y León podría favorecer en 2023 a 478.000 beneficiarios, por un importe de 600 millones de euros, el doble que en 2018, dirigidos especialmente al apoyo a las familias, al acceso a la vivienda y al fomento del empleo.
2.-Medidas administrativas: se incluye dentro de los recursos del ITACYL las tasas propias de la Comunidad que le corresponda exigir; y se incorpora como causa de extinción de las fundaciones públicas de la Comunidad la asunción de su fin fundacional por la Administración General o por las demás entidades del sector público autonómico.
Consejería de Economía y Hacienda
Durante su intervención, otro de los capítulos a los que ha hecho referencia el titular de Economía y Hacienda es el que corresponde al departamento que dirige, para el que se han designado 542,5 millones de euros, el 3,9 % del Presupuesto de la Comunidad.
En este apartado ha explicado que 206,4 millones serán para las competencias específicas de los diferentes centros directivos, así como las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la Secretaría General, mientras que el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) contará con 278,7 millones y el Ente Regional de la Energía (EREN) con 57,3 millones de euros.
En conjunto, el Presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda muestra un importante incremento del 45 % (167 millones de euros) respecto al de 2021, la mayoría concentrado en los capítulos correspondientes a las operaciones de capital. Este hecho confirma el compromiso con la recuperación económica y la modernización de las estructuras productivas.
Así, para gastos de personal se destinan 99 millones; 33,9 para gastos corrientes en bienes y servicios; 5,14 para gastos financieros; y 14,3 millones en transferencias corrientes. En lo que se refiere a inversiones reales se destinan 80 millones y 222,4 para transferencias de capital.
Fernández Carriedo ha destacado el papel del ICE como instrumento esencial al servicio de la política de competitividad de la Administración de la Comunidad, para desarrollar programas de apoyo a la industria y de fomento de la competitividad empresarial. Para ello, ICE continuará trabajando en distintos aspectos:
1.- En materia de financiación:
- Se prevé una nueva aportación de 25,8 millones para el Plan de crecimiento innovador para pymes y midcaps de Castilla y León, con la intención de cumplir el objetivo comprometido de superar los 200 millones a final de legislatura.
- Se destinarán 10,1 millones para fondos específicos: Fondo de Reindustrialización de Castilla y León, Fondo para recursos endógenos, Fondo de emprendimiento y dinamización de Soria y Programa ICE Financia.
- Se pondrán en marcha instrumentos financieros cofinanciados con Feder con el nuevo programa operativo para la financiación de las empresas por 26 millones.
- Para las líneas de ayudas a la creación de empresas y la de inversiones de pymes están previstos 26 millones de euros.
2.- En materia de internacionalización empresarial, el IV Plan de Internacionalización 2022-2025 aprobado en junio contará con 5,91 millones.
3.- En materia de digitalización, innovación y emprendimiento, en 2023 se aprobará la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2022-2027, con actuaciones que tienen reflejo en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León RIS3. Entre ellas destacan:
- Se continuará con el Programa de apoyo a emprendedores.
- Se aprobará el nuevo Plan de Digitalización de la Pyme (con 8,8 millones de euros en el presupuesto).
- 14,6 millones de euros para distintas Iniciativas territoriales.
- Apoyar la I+D empresarial: 33,6 millones para las convocatorias de ayudas de apoyo a las empresas para que desarrollen o mejoren sus productos o procesos de fabricación; y 6,6 millones para el apoyo a los Centros tecnológicos de Castilla y León.
4.- En materia de infraestructuras empresariales, se destinarán 27,4 millones para su mejora y se continuará apoyando al sector de la automoción a través de los parques de proveedores, con una inversión de 1,8 millones.
Asimismo, se continuará con la financiación de los gastos de inversión en suelo industrial promovidos por entidades locales, para lo que se han consignado 4 millones para el próximo ejercicio.
Respecto al Presupuesto del EREN, que será de 57,3 millones de euros, Carlos Fernández Carriedo ha destacado que se continuará trabajando para hacer frente a los retos energéticos a los que se enfrentan empresas, familias y la propia Administración. Así, el EREN gestionará y tramitará las solicitudes de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables y energías térmicas renovables. El importe destinado, procedente de los fondos Next Generation, es de 82,6 millones y el objetivo es el de instalar 90,2 megavatios de potencia en autoconsumo, 24,1 megavatios de capacidad en almacenamiento, y 18,2 megavatios de potencia en renovables térmicas en sectores distintos al residencial.
Por otra parte, se invertirán 1,4 millones en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en hospitales públicos y está prevista en las áreas de transición justa de León y Palencia una inversión de 3,5 millones dedicada a promover instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo.
Además, se seguirá realizando un importante esfuerzo técnico, para implementar y poner en producción todos los cambios necesarios para la optimización de la contratación energética de la Junta de Castilla y León, basada en la herramienta OPTE.
Asimismo se abordará la última etapa de elaboración de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030, alineada con los objetivos previstos en la Unión Europea y en España para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía final y reducir las emisiones contaminantes, en concreto CO2.
El documento del Presupuesto recoge también las aportaciones corrientes precisas para el funcionamiento de la Fundación Santa Bárbara, que cuenta con un presupuesto de 2,97 millones.
La Fundación continuará potenciando su labor para favorecer la formación minera, donde cabe destacar la ejecución del programa formativo específico incluido en el Plan Territorial de Transición Justa.
Este plan, a desarrollar entre 2023 y 2027, centrará sus esfuerzos en la formación específica en materia de energías renovables, trabajos para restauraciones de zonas degradadas por la actividad minera, y la cualificación en actividades o sectores con potencial de empleo.
Deuda pública
En el proyecto de Presupuestos para 2023, los créditos de la deuda pública se cifran en 1.469 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2 % con respecto al último presupuesto aprobado.
La partida destinada a gastos financieros contará con 246,6 millones de euros. Fernández Carriedo ha señalado que hay que tener en cuenta el actual escenario de subida de tipos de interés, reflejo del endurecimiento de la política monetaria que están implementando los distintos bancos centrales para combatir las exorbitantes tasas de inflación.
En este sentido ha añadido que Castilla y León se enfrenta a este nuevo escenario con una situación de solvencia financiera mejor que la del resto de Comunidades Autónomas. Así, se encuentra entre las más saneadas de España: de acuerdo con los últimos datos disponibles (30 de junio), la ratio deuda/PIB era 4 puntos porcentuales inferior a la media autonómica (20,9 % frente al 24,9 %). El consejero ha destacado que la estimación es que al cierre del año 2023 esta ratio se siga manteniendo por debajo del 21 %. De hecho, según las estimaciones de la AIREF esta ratio incluso descendería hasta el 20,4 %.
Además, Castilla y León ostenta una buena calificación crediticia como prestatario. El consejero ha valorado la capacidad que tiene la Comunidad de acceso a los mercados de deuda, a lo contribuye de manera significativa la calificación crediticia que posee Castilla y León, y que atendiendo a la agencia de rating Moody’s es de Baa1, similar a España.
Por otra parte, los créditos presupuestados para hacer frente en 2023 al vencimiento de los créditos a largo plazo contraídos en ejercicios anteriores, ascienden a 1.222,7 millones de euros.
