La Junta de Castilla y León ha celebrado esta semana unas jornadas técnicas para difundir el nuevo modelo de inspección ambiental en la Comunidad. El encuentro, inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, reunió a numerosos representantes de los sectores industrial y ganadero, así como a gestores de residuos, cooperativas y entidades acreditadas del ámbito ambiental. El objetivo: explicar un marco normativo que fortalece la protección del medio ambiente con más agilidad, transparencia y eficiencia.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
Durante las sesiones se desgranaron las principales novedades del régimen de vigilancia, inspección y control de las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras. El decreto incorpora a los OCAA, entidades que podrán colaborar con la Administración autonómica en actuaciones materiales de inspección, manteniéndose siempre la responsabilidad última en el ámbito público.
Calendario y funcionamiento desde 2026
En 2026 comenzará el Programa de Inspección Ambiental regulado por el decreto. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental determinará qué instalaciones deben inspeccionarse y con qué frecuencia, en función de su riesgo ambiental. Además, comunicará con al menos cuatro meses de antelación a los titulares la obligación de contratar un OCAA habilitado por la Junta de Castilla y León para ejecutar las actuaciones materiales de inspección.
Obligaciones de los titulares y derecho de alegación
Al actuar los OCAA en nombre de la Administración autonómica, los titulares deberán facilitar el acceso a la instalación, aportar la documentación requerida y garantizar la presencia de una persona conocedora del funcionamiento y la gestión ambiental durante la visita. Si existe disconformidad con el informe del OCAA, se podrán presentar alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.
Garantías públicas, transparencia y control
La Junta mantiene la garantía del proceso: planifica las inspecciones, emite el informe final, exige medidas correctoras cuando proceda, puede abrir expedientes sancionadores y publica los resultados de las inspecciones. Así, se asegura la transparencia y el control público del sistema.
Impacto y liderazgo autonómico
El nuevo modelo simplifica trámites, fomenta la corresponsabilidad de los agentes económicos, reduce costes públicos y aplica el principio de “quien contamina, paga”. Con esta reforma, Castilla y León se sitúa entre las comunidades más avanzadas en inspección y gestión ambiental: tercer lugar en número de instalaciones sujetas a autorización ambiental y segundo en relación con su población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.
Sostenibilidad empresarial: del pacto a la capacitación
En las jornadas también se recordaron iniciativas vigentes, como el Pacto por la Economía Circular, que implica al tejido productivo en la transición hacia modelos más sostenibles, y el programa Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia, que conecta empresas comprometidas con centros de Formación Profesional para impulsar talento y buenas prácticas.
En definitiva, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la protección ambiental, la innovación sostenible y la colaboración público-privada, pilares clave para un desarrollo económico competitivo y respetuoso con el entorno natural.01
